Exportaciones legales e ilegales

Poco después de que el rey Mohamed VI llamase hace casi nueve meses a su embajador en Madrid a consultas, el Ministerio de Exteriores hizo público un documento, para demostrar el interés de España por su vecino del sur en el que, recalcaba, más de 800 empresas españolas habían invertido en tierras marroquíes. El dato es llamativo pero ilustra mal la realidad de una relación económica en la que los hombres de negocios españoles, y también los europeos, son reacios a invertir y más bien apuestan por vender, legalmente o a través del contrabando a partir de Ceuta y Melilla.

La inversión neta española al sur del Estrecho es ridícula. En 2001 fue de sólo 6,58 millones de euros, el 0,02% de los flujos de capital que España exportó. En 1999, año récord en el que un consorcio encabezado por Telefónica logró la segunda licencia de móviles, la inversión alcanzó los 157 millones, equivalentes al 0,3% del total que, en su mayoría, era absorbido por América Latina y Europa.

Esta desafección española se explica 'porque invertir en Marruecos es complicado, y a veces muy complicado', escribía José Miguel Zaldo, copresidente del Comité empresarial hispano-marroquí en el boletín Magreb Negocios. 'Ya se encargan los funcionarios de desanimarles con su lentitud e ineficacia', añadía. 'Y, a veces, aún queriendo solucionar los problemas del inversor, no pueden hacerlo por falta de poder'.

Esta burocracia que menciona Zaldo y el deficientemente funcionamiento de la justicia hace que Marruecos resulte, como casi todo el mundo árabe, poco atractivo para los inversiones extranjeros. Francia es el primer inversor en Marruecos seguido, durante varios años, por España, aunque Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos también destacan por su presencia.

Con la excepción de Telefónica, son, sobre todo, pequeñas y mediadas empresas las que se han instalado en Marruecos, a veces en sectores como la agricultura, desde dónde compiten en Europa con la producción española de frutas y hortalizas.

El comercio bilateral, que arroja un excedente para España, va, en cambio, viento en popa. Marruecos es para España un socio de las proporciones de Argentina antes de que ésta fuese golpeada por la receción.

En 2001, España exportó a Marruecos mercancías por valor de 1.503 millones de euros e importó por valor de 1.221. Pese a la crisis diplomática bilateral, las exportaciones españolas han estado en auge en un 7,6% en los cuatro primeros meses de 2002.

Las estadísticas son engañosas porque buena parte de la exportación española no pasa por los servicios de aduana sino de las matuteras que cruzan la frontera entre las ciudades de Ceuta y Melilla y Marruecos.

Un estudio encargado por el Ministerio de Agricultura español y llevado a cabo, a principios del año pasado, por Asesores Financieros Internacionales ponía de relieve que la exportaciones ilegales, desde los enclaves españoles, de tabaco, alimentos y bebidas triplicaban a las legales. El contrabando causa un gran perjuicio a la economía marroquí. Un documento elevado en abril a las autoridades de Marruecos por la Cámara de Comercio Americana de Casablanca aseguraba que había en Marruecos 45.000 personas que vivían directamente de ese tráfico y que ello impedía la creación de 450.000 empleos regulares en el país.

Para Marruecos, el aspecto más importante de su relación con España son las remesas de los 220.000 inmigrantes marroquíes legales en España. Estas transferencias masivas son la principal fuente de divisas, por delante del turismo, para la maltrecha economía marroquí.

Prohibir las transferencias a Marruecos podría ser una de las sanciones que adopte el Gobierno español si perdura la crisis desencadenada por la isla Perejil. Si la UE secundase a España e hiciese otro tanto, impidiendo que los cerca de cuatro millones de marroquíes afincados en Europa giren fondos a sus familiares, la sanción sería catastrófica.