La respuesta, en septiembre
Para ser el momento trascendente que daba la salida a 'un proceso abierto' a la búsqueda de soberanía plena para Euskal Herria, la sesión tuvo un pulso rutinario. Apenas se palpaba un repunte de expectación en la poblada tribuna de invitados. A ras del salón de plenos, el ambiente era de resignado trámite. Se barruntaba la importancia que puede tener el salto dado ayer en el Parlamento vasco, pero se imponía la sensación de que todo estaba dicho y decidido de antemano. De que las palabras no pueden traspasar el muro de desconfianza e incomunicación que se levantó entre los nacionalistas y socialistas y populares en los meses anteriores a Lizarra y a la tregua de ETA. Sus sistemas de referencia se han alejado tanto que quien decidió cumplir el trámite este día de julio ni cayó en la cuenta de la inoportuna coincidencia con el quinto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
No hubo, pues, debate propiamente dicho, sino sucesión de monólogos. Patxi López y Mayor Oreja pusieron el énfasis en su advertencia sobre la 'quiebra profunda' del marco de convivencia estatutario que se estaba consumando, y criticaron al nacionalismo por anteponer la satisfacción de sus aspiraciones últimas a la solidaridad con las víctimas. Joseba Egibar, en su registro más estudiadamente contenido, no entró a ninguno de los dos reproches. Frente a las acusaciones de ruptura, se esforzó en vincular 'el derecho' al autogobierno pleno con el 'bienestar' de los ciudadanos y en saltar por encima de las minas que están sembradas con pasmosa naturalidad en la dictamen aprobado. (Llega a basar en 'el ordenamiento constitucional' el derecho a 'la libre determinación del Pueblo Vasco', incluso en los territorios situados fuera de España).
Tan fervoroso del texto estatutario ('en su integridad') se mostró el portavoz peneuvista, que Arnaldo Otegi tuvo que recordarle que en las conclusiones del dictamen 'no se habla para nada de Estatuto', sino de Euskal Herria como 'sujeto político', de 'proceso', capacidad de decisión y siete territorios. Un Otegi otra vez en su salsa se congratuló de que el nacionalismo gobernante sitúe ahora el debate allí 'donde la izquierda abertzale lo puso en 1975'. Lo curioso es que no se ha vuelto a ese punto - a la encrucijada de la territorialidad, la soberanía y el sujeto de decisión- por recocimiento de un error histórico cometido hace 23 años o como pago para traer la paz, como se articuló en el Pacto de Lizarra, sino por una motivación tan poco jurídica como que 'el sentir mayoritario de la ciudadanía vasca' es que 'ha desaparecido el consenso político que se dio en torno al Estatuto'.
¿Reaparecerá milagrosamente ese consenso si en dos meses 'el Gobierno español' concede todas las competencias reclamadas? La respuesta, en septiembre. Pero en el cuaderno de Ibarretxe está ya escrito el inicio en Euskadi de un 'proceso abierto' para articular 'un nuevo Proyecto' (léase Estatuto).
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