Yo estuve allí

En fechas recientes he conocido la resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía imponiendo sendas sanciones a El Monte y a su anterior presidente, Isidoro Beneroso, como consecuencia de las irregularidades detectadas en el período electoral que dio lugar a la renovación de los órganos de gobierno de dicha entidad y a su sustitución por el actual equipo.

Los miembros del anterior Consejo de Administración que, en su momento, decidimos oponernos a la antigua dirección de El Monte y aportar por una renovación de los órganos de gobierno del mismo, lo hacíamos por tres razones fundamentales:

Primero, porque era claro que nos encontrábamos ante una estrategia de desobediencia civil ante la Ley de Cajas, orquestada desde la derecha andaluza, que no se podía consentir desde el respeto a las instituciones de nuestra comunidad autónoma.

Segundo, porque no nos gustaba la política financiera del anterior consejo de administración, con una estrategia de inversión en determinados sectores, como el inmobiliario, que si bien ha podido generar plusvalías, también generaba importantes riesgos para la entidad y la ha llevado a estar ligada, a través de sus empresas participadas, a asuntos de los que finalmente han entrado a conocer los tribunales del orden penal. En definitiva, se trataba de una política financiera que tendía más a la economía especulativa que al apoyo a los sectores productivos de nuestra economía. Y todo ello aun reconociendo que en muchas ocasiones, por la falta de información y transparencia que existía, había operaciones de estas características que se aprobaban por unanimidad.

Finalmente, había una tercera razón que era precisamente esa necesidad de mayor transparencia e información para que los distintos miembros de los órganos de dirección pudieran tomar las decisiones en forma responsable, por las implicaciones jurídicas, administrativas y políticas que conlleva el ejercicio de sus funciones.

Actualmente, por el contrario, vivimos un momento en el que la nueva dirección de la entidad apuesta por iniciativas ligadas más a la economía productiva y al fomento del tejido empresarial andaluz, consciente del papel que como entidad debe jugar.

También se han mejorado los canales de transparencia e información y hoy día las decisiones de los órganos de dirección se basan en un conocimiento más profundo de los temas que en la etapa anterior.

Llegados a este punto, yo, que estuve allí, quiero decir que en mi opinión la instrucción seguida por el juez encargado del expediente sancionador y la resolución propuesta, en primer lugar se ajusta a la realidad de lo acontecido en aquellos tiempos y, en segundo lugar, pone de manifiesto a una administración que ejerce la responsabilidad de la aplicación de la ley, incluso con bastante generosidad, a la luz de los términos de la aludida resolución.

Por ello entiendo que la actitud que adopte el actual presidente de El Monte respecto de la resolución sancionadora va a suponer su primera prueba del algodón cara a la credibilidad de la política que hasta ahora sigue, en la medida en que tenga la capacidad, el liderazgo y practique el diálogo suficiente entre los distintos miembros de los órganos de dirección dirigidos a confirmar que estamos ante una nueva etapa.

No quiero decir con esto que, encontrándonos en un Estado de Derecho, no se puedan ni se deban interponer los recursos que se consideren oportunos, pero es evidente que es responsabilidad de la nueva dirección y de su presidente no repetir sistemáticamente la argumentación del anterior equipo contra los motivos que dieron lugar al expediente sancionador. Sencillamente porque no se ajustaría a la realidad...porque yo estuve allí.

José Cejudo Sánchez es presidente de la Diputación de Huelva y consejero de El Monte