Una política agrícolapara los ciudadanos

La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) aprobada ayer por la Comisión Europea es consecuencia directa de la crisis de las vacas locas y de la fiebre aftosa. Sensata en sus grandes líneas, tiende a satisfacer antes los deseos de los ciudadanos de seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y precios más bajos de los productos, que las preocupaciones de los agricultores, que ayer se manifestaron en Bruselas contra el cambio profundo impulsado por el comisario Fischler. Es una buena base para un debate franco y constructivo entre los ministros del ramo, que son los que, en última instancia, han de tomar la decisión para lograr esa agricultura competitiva, de calidad y sostenible, y con una dimensión social, que propugna la Comisión Europea.

La PAC es víctima de su exceso de éxito. Nacida para impulsar la autosuficiencia alimentaria en la Europa de la posguerra, ha llevado a un cultivo intensivo que ha degenerado en las tragedias indicadas y en costosos excedentes. Por ejemplo, el centeno, cuyas ayudas, que Fischler propone suprimir, han llevado a que la UE produjera el año pasado el doble de lo que consume. Las subvenciones directas para garantizar precios encarecen los productos en detrimento de los consumidores europeos -que pagan por sus alimentos más de lo que marca el mercado mundial- y de los países en vías de desarrollo, que luchan contra ese proteccionismo agrícola del Norte. No se puede pregonar el despegue de estos países y pedirles que frenen su emigración, a la vez que se rechazan sus productos agrícolas.

El hecho de que a través de su nueva Farm Bill Estados Unidos haya aumentado en un 80% las ayudas directas a su agricultura no favorece un cambio en la PAC; pero la UE tampoco tiene por qué seguir a Washington en este sinsentido que va en contra del espíritu de la nueva ronda de liberalización comercial que se abrió en Doha. Además, la reforma facilitaría las negociaciones de ampliación de la UE, y abarataría su resultado.

Esencialmente, la Comisión propone reducir de forma modulada las múltiples ayudas directas a la producción a partir de 2004 en un 20% en siete años, y gastar la mayor parte de ese dinero en garantizar la renta de los agricultores a través de programas de desarrollo rural. La mayor objeción es que abre la puerta a una renacionalización de las ayudas agrícolas, como pedía la rica Alemania, cuando la PAC es una de las pocas políticas redistributivas en la UE. Es necesario no ya preservar, sino aumentar su dimensión de cohesión económica social, y garantizar que su reforma no suponga un paso atrás, ni una mejora de las agriculturas más ricas de la UE a costa de las más pobres.

Para España el reto es especialmente importante, pues, de aprobarse esta reforma, tendrían que espabilar el Gobierno y las comunidades autónomas para presentar y cofinanciar con la UE proyectos de desarrollo rural, y recuperar de esa forma el dinero que se dejaría de percibir en ayudas directas. De otro modo España perdería oportunidades, a pesar de que un 80% de sus productores quedarían exentos de la reducción al situarse por debajo de un nivel de ayudas anuales de 5.000 euros.

La propuesta resulta políticamente explosiva y de difícil gestión. Pero la construcción europea no progresará sólo integrando nuevas políticas, sino también revisando otras, como la PAC, que han perdido su sentido original. Las ayudas a la producción devoran una tercera parte del insuficiente presupuesto comunitario y de la mano del hombre han producido catástrofes sanitarias como la de las vacas locas o la última alarma de alimentos o piensos contaminados con la hormona MPA. Es hora de volver a poner a los ciudadanos en el centro de esta construcción.