Bruselas aprueba la reforma agraria que recorta en un 20% las ayudas directas al campo

La Comisión Europea dio ayer su espaldarazo al polémico proyecto del comisario Franz Fischler para reformar la Política Agrícola Común (PAC), que en 2001 se llevó 43.000 millones de euros, el 45% del presupuesto comunitario. Lejos de ser una ligera revisión a mitad de camino del actual periodo financiero (2000-2006), la reforma es más profunda de lo que la propia Bruselas esperaba. El plan prevé desvincular de la producción la mayoría de las ayudas directas, lo que reduciría la agricultura intensiva y los excedentes, y recortar progresivamente (un 3% anual) hasta el 20% esas ayudas, que hoy suponen el 67% de la PAC. Ese dinero iría a parar al desarrollo rural, el gran beneficiado del cambio.

La última palabra la tienen ahora los ministros de Agricultura de los Quince, que mantendrán un primer debate al respecto el próximo lunes en Bruselas. La Comisión Europea espera que, una vez aceptadas, sus propuestas estén en vigor en la temporada 2004-2005. La reforma ya ha creado dos bandos: a favor, Alemania, Reino Unido, Suecia y Holanda; en contra, Francia, España, Italia, Portugal, Irlanda y Grecia.

El comisario Fischler ya presentó ayer mismo el proyecto ante el Parlamento Europeo. Para Bruselas, el proyecto está influido por la exigencia ciudadana de una mayor calidad alimentaria y un menor intensivismo frente a crisis como la de las vacas locas. A la vez, la Comisión recuerda que los jefes de Gobierno de la Unión Europea apostaron en la cumbre de Gotemburgo (Suecia) del año pasado por una agricultura sostenible. Éstos son los puntos fundamentales de la propuesta:

- Desvinculación de las ayudas.Las ayudas directas a la agricultura (29.000 millones de euros en 2001) se otorgan hoy en forma de primas vinculadas a la producción. Eso genera, según Bruselas, sobreproducción e intensivismo, sobre todo en el ganado vacuno, donde se adjudican las primas por cabeza. A partir de 2004-2005, ese dinero se otorgaría en un solo pago por explotación totalmente desvinculado de la producción, lo que podría redundar en la calidad de lo producido.

- Base histórica para empezar. Las explotaciones percibirían el primer año sus subsidios en base al pago histórico que vienen recibiendo. Más adelante se condicionarían los pagos a las hectáreas de la explotación y a criterios medioambientales, de bienestar animal y calidad alimentaria. A cambio, el agricultor elegiría qué productos cultivar y vender, pudiendo aprovechar mejor la coyuntura del mercado, en lugar de orientar la producción a las primas. Se trata de que el agricultor se comporte más como un empresario y menos como un captador de primas.

- Incorporación progresiva. En una primera etapa quedarían desvinculados de la producción cereales, oleaginosas, legumbres, semillas de leguminosas, fécula de patata y ganado vacuno y ovino. Se incorporarían después la práctica mayoría de los cultivos.

- Sólo unas pocas primas. Hoy existen hasta 30 primas diferentes. Desaparecerían la mayoría de ellas y se haría un solo pago más automático por explotación que reduciría los trámites burocráticos.

- Auditorías obligatorias. A cambio, las explotaciones tendrán que disponer de auditorías para las cuales Bruselas promete un apoyo suplementario. Serán obligatorias cuando el agricultor o ganadero reciba más de 5.000 euros anuales (un tercio de los beneficiarios) y, en el futuro, en todos los casos.

- Recorte del 20%. Bruselas propone reducir progresivamente las ayudas directas a un ritmo de un 3% anual hasta un máximo del 20% al cabo de siete años. Tal reducción afectará sólo a las explotaciones que perciben más de 5.000 euros de subvenciones anuales. Bruselas calcula que el primer año el recorte sumará entre 500 y 600 millones de euros, que serán destinados a desarrollo rural.

- Tope de 300.000 euros. Ninguna explotación podrá percibir más de 300.000 euros cada año. El sistema de franquicias les permitirá recibir algo más en función del número de asalariados que tengan. El dinero sobrante, que ayer Bruselas no pudo cifrar, quedará en cada país y se destinará también a desarrollo rural.

- Sistema de franquicias. Las explotaciones que tengan contratados más de dos UTA (unidades anuales de trabajo) a tiempo completo obtendrán una franquicia de 5.000 euros. Por cada UTA adicional, otros 3.000 euros. Así, una explotación con 12 trabajadores recibiría un total de 340.000 euros, pues hay que añadir la franquicia inicial básica de 5.000 euros aplicable a toda explotación.

- Desarrollo rural. En los próximos años, cientos de millones de euros adicionales irán a parar a este capítulo. Se alentará a los agricultores a participar en los sistemas de certificación y garantía de la calidad, tales como la indicación geográfica y denominación de origen o de agricultura ecológica, así como iniciativas de promoción de productos.

- Cofinanciación. Los proyectos de desarrollo rural estarán cofinanciados entre la Unión Europea y los países miembros. Para evitar susceptibilidades, pues éste es un punto muy defendido por Alemania, Bruselas propone una gran flexibilidad en las diferentes fórmulas de cofinanciación. No será necesario que un país ponga hasta el 50% del dinero.

- Excedente de cereales. La Unión Europea es uno de los principales exportadores de cereales del mundo. El recorte o la supresión de primas al cultivo viene dado por los habituales excedentes en el sector. El año pasado se produjo en la UE el doble de centeno del necesario. Con respecto al arroz, la Unión se plantea facilitar la entrada en su espacio del procedente de los países más pobres del mundo.