Una reforma más dura que las anteriores

La reforma de la Política Agrícola Común planteada por el comisario Franz Fischler, supone la continuación de las medidas iniciadas hace una década por la Comisión enfocadas a la reducción de precios, recorte de ayudas y la desregulación de los mercados eliminando sistemas de compra en intervención. La propuesta actual es mucho más dura que las anteriores en cuanto supone, no sólo no incrementar los gastos en política agraria, sino congelar y redistribuir los mismos fondos para objetivos que van desde la ayuda directa al desarrollo rural.

En relación con la política anterior, las principales novedades se concretan en la simplificación de los mecanismos para acceder a las ayudas y el desacoplamiento de las mismas. Simplificar la burocracia en el pago de ayudas es un paso adelante. El desacoplamiento de las mismas respecto a la producción tiene de positivo que garantiza una ayuda fija en una explotación, pero el riesgo de que muchos agricultores abandonen la actividad y se limiten solamente al cobro de la ayuda fija.

Frente al sistema tradicional de una PAC basada en subidas de precios para mantener las rentas del sector agrario, la reforma de 1992 supuso el primer paso profundo en el actual proceso de cambio.Con el argumento de ajustar la política comunitaria a la situación en los mercados internacionales, Bruselas aplicó fuertes bajadas de precios y una compensación parcial mediante ayudas directas fijas a las que no se aplica la inflación. Esa política se intensificó con la aprobación de la Agenda 2000 en 1999.

Un paso más

Esta reforma supone un paso más en esta dirección más perjudicial para España que para otros países en cuanto tiene unos rendimientos muy inferiores a otros países como Francia. Bruselas plantea recortar los precios de intervención de los herbáceos y del arroz que equivale a bajadas de precios en el mercado. Se pone fuera de rentabilidad con el recorte de la ayuda al trigo duro o forrajes deshidratados.

Para 199.800 agricultores españoles que perciben entre 5.000 y 300.000 euros, sobre 957.000 perceptores, se recortarán las ayudas directas hasta un 20% en los próximos años. En su política de ahorro, la Comisión sigue, además, su estrategia de eliminar mecanismos de intervención.