El abandono del encierro de la Pablo de Olavide divide a los inmigrantes

Los inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide están de acuerdo en facilitar toda la información personal necesaria para tramitar sus expedientes, pero las posiciones sobre la disolución del encierro están más divididas. La negativa a suspender la medida de presión puede, sin embargo, paralizar los procedimientos administrativos, según el Defensor del Pueblo, José Chamizo.

Los 17 jefes de grupo de los encerrados volvieron ayer a reunirse con el Defensor del Pueblo durante más de dos horas. En ese encuentro le comunicaron a Chamizo que la mayoría de los inmigrantes se niegan a abandonar el encierro en cuanto faciliten sus datos a la comisión jurídica, como pretende el mediador. 'Se van a iniciar los procedimientos, pero la condición por parte del Gobierno es que se suspenda el encierro', indicó Chamizo al finalizar la reunión.

Uno de los portavoces de los encerrados, Dichou Rabah, comentó que la opinión mayoritaria es colaborar con la comisión jurídica y proseguir con el encierro. Esta postura era debatida anoche por los inmigrantes, entre los que existen claras diferencias de criterio, como reconoció Chamizo: 'Algunos están dispuestos a irse y otros tienen reticencias'.

La propuesta de la Oficina del Defensor es que los 441 inmigrantes abandonen de forma escalonada el campus de la Pablo de Olavide, conforme entreguen toda la información personal que necesita la comisión jurídica para poner en marcha sus procedimientos. Para garantizar el seguimiento de sus expedientes a aquellos que han iniciado sus procesos en otras provincias, la Oficina del Defensor dispone ya de un listado de personas que se encargarán de seguir sus procedimientos administrativos.

El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, dijo ayer que sólo atenderán los casos 'dentro del estricto cumplimiento de la Ley de Extranjería', informa Efe. El encierro, agregó, 'es el peor camino para conseguir cualquier tipo de papel'.