Mano dura con los auditores

Los escándalos de las grandes compañías norteamericanas, salpicados de la complicidad de las auditoras para falsear u ocultar datos de sus clientes, han levantado una oleada de proyectos de regulación en el sector de la auditoría en Estados Unidos.

Mientras Congreso y Senado discrepan, cada uno con su plan, sobre la dureza en el control de estos profesionales, la SEC, el organismo supervisor de la Bolsa, prepara su propio proyecto. De momento, y para ir ganando tiempo, ha exigido a los responsables de 947 compañías cotizadas que se hagan responsables de la veracidad de sus balances.

Los tres planes terminan con el régimen de autorregulación de los auditores, que se había convertido, en palabras del antiguo presidente de la SEC, en un coladero que sólo puede ser taponado con nuevas leyes que acaben con la extrema libertad de acción de la que gozaban.

El plan presentado por el actual presidente, Harvey Pitt, gira en torno a la creación de un nuevo consejo de control independiente, dotado de poder sancionador y cuyos procedimientos disciplinarios serán públicos.

El proyecto, sujeto a debate, está supeditado a la primacía de los legisladores, ante los que deberá ceder si finalmente ambas cámaras llegan a un acuerdo en sus propuestas, más dura la del Senado que la del Congreso.