La fiscalía se opone a pedir garantías sobre la pena capital

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a que el Gobierno de España inste a Estados Unidos a dar garantías de que la información judicial que se les facilite sobre la presencia en Tarragona de Mohamed Atta y otros terroristas que protagonizaron el 11-S no servirá para aplicar la pena de muerte a ningún procesado.

Guillermo Ruiz Polanco, el juez que tramita la petición de auxilio judicial solicitada por los fiscales de Virginia y Nueva York que siguen un proceso contra Zacarías Moussaoui, único detenido por el 11-S, dictó una providencia en la que pedía a la fiscalía que se dirigiera al Gobierno español para 'obtener la promesa formal' de las autoridades norteamericanas de que las diligencias practicadas en España no se utilicen 'para la imposición de la pena de muerte a persona alguna'. El juez invocaba la Constitución española, que la prohíbe expresamente.

El pasado día 26, el fiscal Pedro Rubira firmó un escrito en el que rechaza esta solicitud porque, según su interpretación, la ayuda judicial se refiere a las investigaciones sobre la presencia en España del piloto suicida Mohamed Atta. 'Resulta atípico pedir a las autoridades de EE UU que den garantías de no aplicar la pena de muerte a una persona ya fallecida'. El fiscal dice que si lo que pretende el juez es una declaración de principios 'de que toda diligencia solicitada por los EE UU a España debe ir acompañada de un compromiso de no utilización de la pena de muerte, ésta no es la comisión rogatoria adecuada al haber fallecido la persona objeto de la comisión'. Rubira añade que en la asistencia jurídica mutua entre ambos países 'no existe norma que limite la cooperación por causa de la pena de muerte' y asegura que EE UU no ha pedido ninguna ayuda judicial 'que vulnere nuestro Estado de derecho', ni solicitado la extradición de nadie al que se pida la pena de muerte. Los fiscales norteamericanos sí anunciaron que pedirán la pena capital para Moussaoui.