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Muere en Guinea un preso opositor al que Obiang dejó cinco días sin agua ni comida

PSOE e IU piden firmeza a Aznar frente a los abusos del régimen de Malabo

Cuando Juan Ondó Nguema, de 28 años, se desmayó en la madrugada del lunes en el penal de Black Beach, el sargento primero Numeriano Mangué, jefe de esa cárcel y mencionado como uno de los torturadores habituales, se asustó gestionando su traslado inmediato al hospital de Malabo. Pero ya era tarde, Juan Ondó, condenado a seis años en el juicio de junio, falleció en la mañana de ayer por causas naturales, es decir, debido a las secuelas de los malos tratos infligidos en los interrogatorios policiales (jamás tratadas por un médico) y tras pasar cinco días sin comida ni agua; una orden que partió de la presidencia coinciendo con un viaje de Obiang al extranjero.

Los familiares, encargados en Guinea Ecuatorial del sustento de los presos, tienen prohibidas las visitas desde el 27 de junio, en represalia por las noticias difundidas sobre su dramática situación. Seis de los condenados -entre ellos los de mayor peso político: el ex presidente del Parlamento, Felipe Ondó Obiang; el ex ministro de Economía Guillermo Nguema Elá, y el líder del partido Convergencia para la Democracia Social, Plácido Micó- se hallan encerrados en diminutas celdas individuales sin derecho al aseo; los dos primeros fueron, además, torturados de nuevo durante el fin de semana.

'Existe un plan concreto para exterminarles, igual que se acabó con Martín Puye [líder bubí] en 1998', denuncia la oposición. Tras el traslado al hospital de Juan Ondó, cuyo delito era ser sobrino de Felipe, los presos han comenzado a recibir un único alimento al día, un plato de arroz con chicharros y que deben compartir entre varios.

El juicio, que se escenificó en el cine Marfil de Malabo entre el 23 de mayo y el 9 de junio, fue considerado por los observadores internacionales presentes como una patraña sin garantía procesal alguna. El Gobierno guineano, a través de los fiscales, acusó a 144 personas de participar en un supuesto intento de golpe de Estado que jamás pudo ser probado en la sala.

El PSOE exige medidas

El portavoz del PSOE en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, calificó ayer de 'inhumanas' las condiciones de los detenidos y exigió una rápida reacción del Gobierno español, invitándole a utilizar sus buenos contactos personales con el dictador. El portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, que asistió al juicio como observador, afirmó que la Administración española 'lleva unos años metiendo la pata y dejándose engañar' por Obiang, a quien Laborda acusó de ser el responsable de 'atrocidades' que rozan los delitos tipificados en la nueva Corte Penal Internacional, infoma la agencia Efe.

Para el PSOE también consituye una sorpresa la respuesta del ministro danés de Asuntos Europeos, Berter Haader, el pasado 3 de julio en Estrasburgo, en la que validó la versión oficial de Malabo (de que sí hubo un intento de golpe de Estado), lo que permite pensar, según el PSOE, que el Gobierno de Aznar no ha transmitido la información correcta al país que le ha sustituido en la presidencia semestral de la Unión Europea (UE). También llama la atención que en su réplica a la doble pregunta de los europarlamentarios españoles Carlos Carnero y Raimon Obiols, Haarder se remita a la nota de la UE sobre el asunto en la que se descalifica el proceso y se rechazan las tesis de Malabo.

El portavoz del Gobierno español, Pío Cabanillas, por su parte, 'lamentó' la muerte del preso guineano y solicitó 'una investigación interna' para aclarar lo sucedido. La oposición democrática de aquel país e Izquierda Unida consideran errónea esa petición, pues, a su entender, cualquier investigación debería ser exterior e independiente, y no 'dirigida por el propio regimen'.

Amnistía Internacional, que envió un observador a Malabo, manifestó su temor por la suerte de los otros 64 condenados en aquel proceso y que permanencen encerrados en Black Beach. Otro recluso, Cándido Obiang Abia, de 21 años,maltratado por la policía, se halla hospitalizado desde el lunes con fiebre y síntomas de agotamiento.

Otra muestra de la inseguridad legal que se vive en Guinea es la suerte de los militares y policías absueltos en el juicio de junio; todos han sido expulsados del cuerpo, perdido su salario y confinados en sus pueblos. Ninguna de las medidas está en la sentencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de julio de 2002