Un juzgado investiga a dos ex directivos de la cadena de radio Ona Catalana por falsedad y estafa

El Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona ha admitido a trámite una querella del Grupo Z por falsedad, estafa y delitos societarios contra los ex directivos de la cadena Ona Catalana Bartomeu Espadalé y Jordi Martí, que han sido citados a declarar como imputados el 18 de julio. Los abogados de ambos ex directivos consideran que se trata de una querella injustificada y la atribuyen a un 'intento recaudatorio del grupo Z por necesidades de liquidez' y a la pretensión de recuperar las emisoras de Cambrils, Martorell y Santa Coloma de Farners que en su día aportó a la cadena.

El Grupo Z es el propietario del 35% de las acciones de Ona Catalana desde que se constituyó la cadena en octubre de 1999, y pertenecen a él tres de los 12 integrantes del consejo de administración. En síntesis, la querella asegura que Bartomeu Espadalé y Jordi Martí, desde sus antiguos cargos de vicepresidente de la cadena y gerente, respectivamente, han falseado las cuentas de la sociedad y 'han dispuesto de ellas fraudulentamente en su único y exclusivo beneficio'.

La actuación más trascendente que describe la querella es que ambos directivos suscribieron un crédito de 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros) con el Instituto Catalán de Finanzas utilizando una certificación falsa de una junta de accionistas que nunca se celebró y en la que se debía autorizar la operación. Albert Carrillo, abogado mercantilista de los dos querellados, negó ayer que se falsificara ese acta, aunque precisó que 'faltó formalismo' en la petición del crédito. Por su parte, Sergio Mercé, el abogado que redactó la querella, aseguró que el destino de ese crédito nunca se pudo concretar y que ése es uno de los puntos que debe aclarar la justicia.

En otro apartado se afirma que ambos querellados emitieron facturas falsas por valor de 50 millones de pesetas (unos 300.000 euros) y que concedieron préstamos a sociedades en las que la cadena no participa y en las que ellos ocupan cargos de responsabilidad, como Televisió del Ripollés u Olot Televisió. Albert Carrillo admitió que 'a los representantes del Grupo Z se les daba la información con cuentagotas', pero negó que se haya producido un delito societario. 'Se pueden discutir los criterios contables y la facturación, pero nunca hubo perjuicio a la compañía', aseguró Carrillo.