Balza propone costear cambios de vivienda y facilitar la movilidad laboral a los amenazados

El consejero de Interior, Javier Balza, propuso ayer a los partidos en la Mesa de Arkaute (PNV, EA, IU y PSE) medidas para mejorar las condiciones de vida de los cargos locales y otras personas que sufren la persecución de ETA y su entorno. Entre ellas se incluyen las de sufragar alquileres para que los amenazados puedan cambiar de domicilio y, en colaboración con las asociaciones patronales y las administraciones, facilitar su movilidad o reasentamiento laboral. Balza y el representante del PSE anunciaron que harán gestiones para que el Ministerio del Interior y el PP se sumen a esta Mesa y se impliquen en sus propuestas

A la reunión de ayer faltaron de nuevo el Partido Popular y el Ministerio del Interior, como estaba previsto. Según relató Balza, ni uno ni otro contestaron a su invitación por carta para que acudieran a este nuevo encuentro de la Comisión Técnica de Seguridad, conocida como Mesa de Arkaute. Su objeto era proponer dos nuevos bloques de medidas para proteger a los cargos públicos amenazados por ETA y sus seguidores: uno, totalmente nuevo, para quienes padecen el acoso que se ha dado en llamar violencia de persecución, y el otro, consistente en una revisión y actualización del ya existente para las víctimas de atentados terroristas cometidos por ETA y para sus familiares.

Ambos bloques de medidas han sido elaborados partiendo de las peticiones y sugerencias realizadas, tanto a título particular por los afectados como por los distintos colectivos que los agrupan. Balza lo destacó como un valor añadido de las medidas: 'No han salido de un laboratorio', dijo. Muchas de ellas han sido recogidas por la Dirección de Víctimas del Terrorismo que dirige la viuda del socialista Juan María Jáuregui, Maixabel Lasa. Lasa estuvo también presente en la reunión.

El consejero vasco se declaró dispuesto a 'cualquier solución' que posibilite el diálogo con el ministerio que dirige Mariano Rajoy, incluso fuera del foro multipartito de la Mesa de Arkaute. Respecto al PP, anunció que comparecerá próximamente ante la ponencia parlamentaria de Víctimas del Terrorismo constituida el miércoles en la Cámara de Vitoria, foro señalado por el PP como el lugar adecuado para el debate. Allí Balza explicará los planes que ayer detalló a los asistentes a la reunión. También ayer mismo tenía intención de remitirlos al Ministerio del Interior.

Balza espera lograr el acuerdo en la Mesa de Arkaute el próximo día 10, ya fijado para una nueva reunión, puesto que la acogida del PSE-EE, única fuerza al margen de los representantes de los grupos del Gobierno vasco, fue muy positiva. Su representante en el encuentro, Víctor García, que también asiste a las reuniones del Pacto Antiterrorista, calificó de 'potentes' los planes presentados por el consejero y opinó que el PP y el Ministerio del Interior deberían haber asistido.

'Gestiones' del PSOE

García anunció que su partido realizará 'gestiones' para que ambos se incorporen a este diálogo, sobre todo el Ministerio, ya que tanto el costeamiento de las medidas propuestas como su operatividad y aplicación, en algunos casos fuera de la comunidad autónoma vasca, hacen imprescindible su participación. Balza propone que los programas se articulen y gestionen conjuntamente con el Ministerio del Interior y que la valoración de riesgos y la acreditación de las situaciones merecedoras de las medidas se hagan también en una comisión conjunta en la que participen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ertzaintza.

Balza no cuantificó el montante económico de las medidas, pero sí anunció que los dos programas serán 'costosos'. También indicó que, en lo que respecta al Gobierno vasco, su aprobación será rápida, porque se hará por decreto.

Los planes contemplan para los amenazados aspectos de vivienda, laborales, de atención psicológica y de protección en domicilios, vehículos, negocios y sedes de partidos y sindicatos. Entre las medidas destacan la de costear el alquiler de una nueva vivienda por un periodo de hasta un año, la permuta o desclasificación de las viviendas de protección oficial, para posibilitar su venta, y la exención de la exigencia de empadronamiento para acceder a una nueva. Esta medida, como la de propiciar la reubicación laboral o los cambios de centro educactivo, buscan facilitar una movilidad geográfia, tanto dentro de Euskadi como fuera, cuando el grado de la amenaza lo haga aconsejable. También se sufragarán instalaciones de seguridad en domicilios, negocios y sedes, con el pago de puertas, persianas o cristales blindados, rejas u otros elementos; se costeará el repintado de vehículos y se facilitarán gratuita y rápidamente los cambios de matrícula.

Las víctimas de ataques consumados recibirán el 100% de los daños materiales en vehículos, negocios y viviendas, con un tope de 90.000 euros, y subvenciones a fondo perdido para nueva compra, o alquiler hasta 20 años.