El Gobierno vasco acusa a Garzón de actuar a las órdenes de Aznar

Los partidos nacionalistas vascos que gobiernan en Euskadi descalificaron ayer el auto judicial del magistrado Baltasar Garzón donde se responsabiliza a Batasuna de los daños de Segi en atentados callejeros. Representantes de EA y del PNV, a los que también se unió IU, calificaron la resolución judicial de 'ilegal', 'lamentable' y de responder a una 'operación político-judicial diseñada en La Moncloa'. El consejero vasco de Justicia (EA), Joseba Azkarraga, declaró que Garzón echa por tierra 'la independencia judicial' al convertirse en un 'fiel brazo político' del Gobierno central. El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, cree que 'va a ser imposible' mantener el embargo de Batasuna en un juicio.

Garzón ha acelerado con el auto de conclusión del sumario 18/98 contra el entorno político de ETA y la posterior resolución sobre la responsabilidad solidaria de Batasuna y su embargo por valor de 24 millones de euros lo que nacionalistas vascos e Izquierda Unida (IU) calificaron ayer de 'ilegalización de hecho' del partido que lidera Arnaldo Otegi. Y con ella, el aluvión de críticas desde el nacionalismo vasco e IU por una resolución judicial que consideran 'ilegal', 'imposible' de mantener ante un tribunal y que obedece a un 'impulso político', como vienen manteniendo durante estos años PNV, EA e IU al valorar el macrosumario contra el aparato político, de propaganda y finanzas de la organización terrorista, investigado por Garzón desde 1998.

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, afirmó ayer en Santander, en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, que la decisión de Garzón de embargar a Batasuna por actos de violencia callejera supone 'el pistoletazo de salida para la ilegalización de Batasuna, que es lo que lleva persiguiendo el Gobierno desde hace tiempo'. 'La loca carrera por ver quién inicia el proceso de ilegalización ha comenzado y la capitanea el juez Garzón, por lo que queda claro que el carácter de retroactividad va a ser aplicado', aseguró.

La sospecha de que la Ley de Partidos, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado y que posibilita la ilegalización de Batasuna, y la investigación de Garzón sobre el entorno político de la organización terrorista 'iban a terminar confluyendo' es algo que algunos consejeros nacionalistas del Gobierno vasco vienen comentando en privado desde hace más de un mes.

Azkarraga reiteró la tesis que mantiene todo el nacionalismo democrático vasco al valorar esta resolución: el objetivo es acabar con el nacionalismo y con la voz discrepante. 'La situación es grave porque Aznar aprovecha la situación para buscar su sencillo objetivo: acabar con el nacionalismo democrático, después vendrá el fin de los sindicatos, el fin de la democracia (...) quiere acabar con el Estado autonómico', aseguró.

'Una locura'

Pero la otra preocupación de Azkarraga o de la presidenta de EA, Begoña Errazti, es la situación en la que, a su juicio, coloca esta resolución al Poder Judicial. Errazti hablaba ayer directamente de que se está llegando 'a una locura' en la que aparece un sistema judicial 'cada vez más dependiente del Poder Ejecutivo'. Azkarraga acusaba al magistrado de la Audiencia Nacional de echar por tierra la independencia judicial y de haberse convertido en un 'fiel brazo político' del presidente Aznar.

Errazti interpretó que la finalidad última de estas resoluciones y de la Ley de Partidos es generar una sensación de 'confrontación en la sociedad vasca' y de 'crispación social' en el País Vasco para dar la imagen de que 'la mano dura es necesaria'.

Desde el PNV, el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, aseguró que 'a pesar de pensar que en ese mundo todo está unido entre sí, quiero decir Batasuna, Jarrai, Gestoras y un amplio etcétera, en mi humilde opinión va a ser muy complicado mantener en un juicio el contenido de ese auto y el embargo cautelar. Yo creo que va a ser imposible'.

Desde una perspectiva mas jurídica, el parlamentario peneuvista y ex miembro del Poder Judicial Emilio Olabarria aseguró que Garzón fuerza de manera 'brutal' la legalidad. A su juicio, 'si Batasuna es una organización autora o cómplice de actos de violencia callejera y Garzón lo puede probar, lo que tendría que hacer es procesar a los responsables de Batasuna por su autoría en esos delitos o por su complicidad en la comisión de esos delitos y no sólo imputarle la responsabilidad civil'. Olabarria entiende que si extiende al partido independentista el criterio aplicado a Segi, Xaki o Ekin de ser 'parte del entorno de ETA', tendría que ilegalizar a Batasuna y no declararla sólo responsable civil de los actos de violencia callejera de apoyo a la organización terrorista.

IU, a través de su parlamentario Antton Karrera, dijo que el auto responde a una 'operación político-judicial diseñada en La Moncloa' y de 'difícil encaje en el ordenamiento jurídico'. Y el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, declaró a la SER que no sólo no están en disposición de hacer frente al embargo de Garzón, 'sino que además políticamente no lo deberíamos hacer en ningún caso'.