Los derechos humanos, ensombrecidos por el 11-S

El fin de la limpieza física del lugar de los atroces atentados terroristas contra el World Trade Center pretendía constituir una especie de clausura, con el fin de ayudar al doloroso proceso de curación.

La impactante ceremonia simbólica brindó también la ocasión para hacer balance de cómo han afectado los atentados y sus secuelas a los derechos humanos. En un artículo publicado el pasado mes de febrero, Michael Ignatieff, director del Centro Carr de Política sobre Derechos Humanos, perteneciente a la Escuela de Estudios Gubernamentales John F. Kennedy, de Harvard, lo expuso de manera categórica: 'El problema es saber si, tras el 11 de septiembre, la era de los derechos humanos ha llegado a su fin'.

Mi respuesta es que no. Pero sí nos enfrentamos a nuevas maneras de responder a problemas muy profundos sobre la seguridad humana en nuestro mundo. Creo que nos hallamos ante la enorme responsabilidad de mantener rigurosamente los criterios de respeto a los derechos humanos, reconociendo que también ellos son el objetivo de los terroristas.

No necesitamos recordar la urgencia de poner en práctica estos objetivos e ideales interrelacionados, cuando India y Pakistán se preparan para un conflicto abierto, o cuando pensamos en el prolongado enfrentamiento en Oriente Próximo o en algo que se menciona con mucha menos frecuencia: el devastador conflicto en la República Democrática de Congo, en el que se han visto implicados otros seis países africanos y en el que se calcula que han muerto más de tres millones de personas desde 1990. Esos conflictos tan complejos y mortíferos desvían unos recursos y una atención vitales para el desarrollo, y causan inmensos sufrimientos y transgresiones de los derechos humanos.

A la hora de reaccionar ante un suceso crítico, el lenguaje es vital. Las palabras que utilizamos para caracterizar el acontecimiento pueden determinar la naturaleza de la respuesta. En los días que siguieron al 11 de septiembre, yo escribí que los atentados contra el World Trade Center constituían un crimen contra la humanidad. Esa descripción es adecuada porque los ataques se realizaron fundamentalmente contra civiles. Fueron preparados sin piedad y la hora de su ejecución fue calculada para provocar la mayor pérdida de vidas humanas posible. Su magnitud y su naturaleza sistemática los califican, según la actual jurisprudencia internacional, de crímenes contra la humanidad.

Todos los Estados tienen el deber de encontrar y castigar a quienes planean y hacen posible dichos crímenes. El Estatuto de la Corte Penal Internacional -primer instrumento para codificar los elementos de un crimen contra la humanidad que acaba de entrar en vigor- establece la responsabilidad individual por dichos crímenes, ya estén sancionados por un Estado o sean actos de grupos. La ratificación universal del Estatuto es un objetivo importante para la comunidad mundial. Debemos equiparnos con los medios necesarios para enfrentarnos en el futuro a crímenes como los cometidos el 11 de septiembre.

La cooperación y la resolución internacionales son vitales para combatir a quienes planean actos terroristas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha dado pasos importantes en este sentido. A través de la Resolución 1373, adoptada el 28 de septiembre, el Consejo impuso a los Estados una nueva obligación legal internacional de cooperar contra el terrorismo, utilizando el lenguaje de las convenciones internacionales existentes.

A pesar de los esfuerzos por enmarcar la respuesta contra el terrorismo dentro del derecho penal nacional e internacional, tras el 11 de septiembre ha surgido un lenguaje alternativo. Ese lenguaje -que ha dado forma a una respuesta mucho más amplia en todos los niveles- ha utilizado la expresión 'guerra contra el terrorismo'. Ello ha provocado en muchas partes del mundo un cambio sutil de acentuación; el orden y la seguridad se han convertido en prioridades absolutas, a pesar de que el mundo ha aprendido del pasado que hacer hincapié en el orden y la seguridad nacionales ha significado con frecuencia una restricción de la democracia y de los derechos humanos.

Como consecuencia, se ha proyectado una sombra.

Esta sombra se puede contemplar en las reacciones oficiales que en ocasiones han dado la impresión de subordinar los principios de los derechos humanos a medidas más 'enérgicas' en la guerra contra el terrorismo. Ha habido una tendencia a no tener la menor consideración hacia los principios establecidos de los derechos humanos y del derecho humanitario internacionales, o al menos a dejarlos de lado. Se ha producido una confusión respecto a qué está y qué no está sometido a las Convenciones de Ginebra de 1949. Se ha insinuado que los atentados terroristas del 11 de septiembre y su prolongación en el conflicto de Afganistán demostraban que las Convenciones de Ginebra estaban desfasadas.

Es esencial que las medidas adoptadas por los Estados para combatir el terrorismo sean conformes a los criterios internacionales de los derechos humanos. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, lo ha expresado convincentemente en el discurso pronunciado ante el Consejo de Seguridad el pasado 18 de enero: 'Todos deberíamos tener claro que no hay ninguna contradicción entre una acción eficaz contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos. Por el contrario, creo que, a la larga, comprenderemos que los derechos humanos, junto con la democracia y la justicia social, constituyen la mejor profilaxis contra el terrorismo. Aunque está claro que son necesarias la vigilancia para prevenir los atentados terroristas y la firmeza a la hora de condenarlos y castigarlos, sería contraproducente sacrificar en el proceso otras prioridades clave, como los derechos humanos'.

La gran preocupación ahora es que si las democracias maduras borran las líneas divisorias o dan mal ejemplo, los regímenes no democráticos considerarán que tienen luz verde para mantener políticas represivas, convencidos de que nadie prestará atención a sus excesos. Se hace así más difícil garantizar la conformidad con los criterios y las garantías fundamentales contra los abusos de poder.

Es especialmente preocupante que el ambiente creado tras el 11 de septiembre esté afianzando en Europa una mentalidad de fortaleza. Al tiempo que los controles se hacen más estrictos, se da un endurecimiento del debate y del lenguaje utilizado cuando se habla de los solicitantes de asilo político y de los inmigrantes. Ello, junto con la reaparición del antisemitismo y el aumento de la fobia al islam, son problemas que deben atajar tanto los dirigentes como los ciudadanos europeos.

La declaración y la agenda de medidas de la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada el año pasado en Durban afirman que debe considerarse la diversidad humana como una ventaja, no como un inconveniente; que hay que rechazar la xenofobia en todas sus formas; y que un mundo que espera cosechar los beneficios de la globalización debe adoptar un compromiso con las sociedades multiculturales.

Aunque el desafío inmediato para el movimiento a favor de los derechos humanos es mantener la integridad de éstos y del derecho humanitario frente a las crecientes tensiones de seguridad, también existe una agenda a largo plazo: la de construir un mundo de auténtica seguridad humana. Para ello es importante que se reconozcan más el vínculo existente entre el desarrollo, los derechos humanos y la democracia, y su necesaria conexión con la seguridad. El miedo sincero relacionado con la seguridad que sienten los neoyorquinos y otros ciudadanos del mundo desarrollado es equiparable a la, aunque diferente igualmente inmediata, inseguridad que experimentan las personas en el mundo en vías de desarrollo.

Ahora entendemos de un modo más profundo que ninguna nación puede aislarse o excluirse de los efectos a nivel planetario que plantea por la pobreza y los conflictos endémicos. La tragedia del 11 de septiembre debe potenciar, básicamente, una acción renovada en todos estos frentes. Ya no se puede considerar que las privaciones y la denegación de derechos en el mundo son una mera obligación moral para todos nosotros; hoy día deben verse como unos campos de batalla cruciales para la seguridad de todos. Para que la lucha contra el terrorismo tenga éxito en su objetivo de proporcionarnos a todos mayor seguridad debe constituir también una guerra contra la inferioridad de condiciones, la discriminación y la desesperanza.

Mary Robinson es alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos . © 2002, Global Viewpoint. Distribuido por Los Angeles Times Syndicate International.