Fin a la impunidad

Mientras se discute la forma de instar la eventual ilegalización judicial de Batasuna, el juez Garzón sigue desmontando pieza a pieza el entramado del que ese partido forma parte. De acuerdo con su teoría de que existe una red liderada por ETA y que comprende organizaciones legales, ilegales y alegales, ayer dictó un auto en virtud del cual ordena el embargo de Batasuna, pantalla legal del entramado, como responsable civil solidaria de los daños provocados por la violencia callejera en tres jornadas de lucha convocadas por la organización juvenil Segi.

La continuidad entre la constelación de colectivos que conforman el autodenominado MLNV es una evidencia política desde hace muchos años; tanta era la sensación de impunidad, que los propios dirigentes de la parte legal alardeaban de ello ('votar HB es votar ETA') y dejaban constancia en actas de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). Sin embargo, sólo recientemente esa evidencia ha ido cobrando entidad penal gracias al abundantísimo material incautado en las sucesivas operaciones contra las tramas informativa, de presos, financiera, exterior, dirigidas desde 1998 por Garzón.

El auto de ayer lleva la lógica de los anteriores hasta el final, estableciendo que la parte visible y legal del entramado -siendo la única que puede ser titular de bienes y derechos- es responsable civil solidaria de los daños causados por la parte alegal o ilegal, en este caso la entidad convocante y organizadora, en connivencia con Batasuna, de actos de violencia callejera.

Esa lógica abre la puerta a la posibilidad de que las víctimas de ETA y el Estado puedan exigir responsabilidad civil a Batasuna. Si el brazo político forma parte de la empresa de intimidación social a gran escala que dirige ETA, y se beneficia de esa intimidación, el juez concluye que debe hacer frente a los efectos de esa violencia. El auto de Garzón tasa en 24,3 millones de euros (más de 4.500 millones de pesetas) los daños causados en el último año por la organización Segi en sus diversas jornadas de lucha y acciones de kale borroka. En la parte dispositiva el juez ordena el embargo de bienes de Batasuna hasta completar dicha cantidad, incluyendo las subvenciones electorales que pudieran corresponderle y que están retenidas por el Gobierno desde hace años.

La mayor debilidad de la democracia española ha consistido en que el brazo político de una organización terrorista haya disfrutado de impunidad de hecho, mientras que concejales y otros miembros de partidos democráticos eran víctimas de la violencia de persecución alentada por ese brazo político. Sea por la vía de la Ley de Partidos o por la del Código Penal, esa impunidad parece tener los días contados; y ello es un triunfo del Estado de derecho y de la democracia.