Guerra, prensa y justicia

'Hay que favorecer el éxodo pacífico de musulmanes y croatas para crear un espacio étnicamente limpio'. Pronunciada en 1993 por Radoslav Brdjanin, entonces viceprimer ministro serbobosnio, esta frase podría ser una de las claves que demostraran la voluntad de Slobodan Milosevic, y de sus aliados, de formar un Estado con pureza de sangre serbia. Fue publicada en su día por The Washington Post y firmada por Jonathan Randal.

Esta declaración forma parte de un artículo objeto de dos interpretaciones opuestas sobre la independencia periodística que pueden sentar un precedente para el futuro de los corresponsales de guerra. A un lado se sitúa el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) que juzga en Holanda a Milosevic, y que ha citado a declarar al periodista. Aquí, aduce el TPIY, no hay fuentes que proteger. La identidad del entrevistado queda clara en el artículo y a su autor sólo se le llama para hablar de esa conversación. Randal, ya jubilado y residente en París, sostiene, por el contrario, que considerarle testigo legal de una de las partes en un conflicto armado vulnera su credibilidad y pone en peligro el trabajo de sus colegas.

Jonathan Randal cree que su declaración pone en peligro el trabajo de sus colegas

Convocado oficialmente, su situación personal es delicada. Desde que comenzara el proceso contra Milosevic, han testificado sin problemas en La Haya otros periodistas, en su mayoría británicos. Es el caso de Martin Bell, que fuera corresponsal de la BBC en los Balcanes, y de Penny Marschall, de la cadena televisiva ITN. Ambos aceptaron el requerimiento porque el Tribunal ha admitido siempre que sólo debe citarse a los periodistas cuando sea estrictamente necesario, 'para no entorpecer su labor de recogida de información'.

El escrito de Randal supone una excepción a esta regla dado que las palabras de Brdjanin sobre musulmanes y croatas corroborarían los cargos de crímenes de guerra que se le imputan, entendidos aquí como limpieza étnica, y traducidos en la expulsión de más de 100.000 ciudadanos no serbios durante la guerra de Bosnia. Y también porque la defensa del ex líder serbio Milosevic mantiene que las citas del periodista, que precisó de un intérprete, pueden no corresponderse con lo que realmente dijo Brdjanin.

En un reportaje publicado por The Washington Post el 11 de febrero de 1993, Randal describía al dirigente serbobosnio como un hombre partidario de librarse sin violencia de los residentes no serbios de la ciudad bosnia de Banja Luka.

En uno de los pasajes más significativos se decía que pretendía 'crear un espacio étnicamente limpio' a base de exilios voluntarios. 'En lugar de matarlos, a musulmanes y croatas debe estarles permitido marcharse', añadía. Randal fue requerido por La Haya después de que él mismo explicara a los investigadores del tribunal que un periodista local, presente en la misma entrevista, tradujo las palabras de Brdjanin. Dos días después, ese colega, que permanece en el anonimato para protegerle, publicó un artículo donde no aparecía la polémica declaración. 'Todos sabemos que de una misma entrevista salen artículos distintos en función del periodista que los escribe, pero han venido otros reporteros, y tal vez acudan más en el futuro, y nunca había ocurrido esto', han señalado fuentes de la acusación.

'No hay motivos para pensar que el señor Randal esté expuesto a peligro alguno para su vida. Lo que parece pretender es que hagamos una excepción similar a las efectuadas en algunas ocasiones en Estados Unidos para situaciones distintas a la que nos ocupa', señalaron los tres jueces del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia al confirmar que debía presentarse a declarar.

The Washington Post, que ha apoyado la apelación presentada por Randal, ha sugerido que los tribunales de guerra regulen bien la forma en que convocan a los reporteros enviados a zonas de conflicto. En un artículo firmado por Steve Coll, director del rotativo, expresaba su temor ante la posibilidad de que, a partir de ahora, los combatientes en guerras que no luchen a las órdenes de un Gobierno específico 'vean ahora a los periodistas como instrumentos de poderes extranjeros, y los traten como tales'.

Mark Stephens, abogado de Randal, ha ido incluso más lejos. La decisión de los jueces de apelación del TPIY influirá, según él, en las futuras actuaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo tratado fundacional entra hoy en vigor, y cuyos jueces estarán también en La Haya. Creada para juzgar los crímenes de guerra y el genocidio, la CPI nace lastrada por la negativa de Estados Unidos a que sus militares y funcionarios en misiones internacionales puedan ser encausados.

Si bien los jueces no pueden forzar a testificar a Randal, sus órdenes son vinculantes a la luz del Derecho Internacional. Por eso, de perder el reportero su apelación, podrían solicitar a las autoridades francesas su entrega a las de Holanda.