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Apuntes

Una 'ventanilla única' para la I+D

La Dirección General de Universidades ejecutará el presupuesto, pero no lo planificará

La radiografía del escenario de la investigación valenciana -pese al potencial científico que demuestra tener en las cinco universidades públicas, que producen el 59% del volumen de gasto valenciano en Investigación y Desarrollo (I+D)- no revela un mayor peso específico respecto de las comunidades tradicionalmente motor como son Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, que, además de un sector industrial muy potente, están muy por delante en políticas de financiación pública e inversión acordes a sus estructuras científico-tecnológicas. Éste es, al menos, el balance común que se extrae del Libro Blanco de la Investigación realizado en 1999 por las universidades públicas y el Consell (que se dio a conocer parcialmente en 2000 y sigue sin publicarse); el Informe del Alto Consejo Consultivo de Presidencia del Sistema de Innovación Valenciano, de 2000 y 2001; y el Informe Cotec presentado en abril de 2002.

La Comunidad Valenciana cruzaría, así, la llamada 'legislatura de la innovación', como la definió el presidente Eduardo Zaplana al revalidar su mayoría, pero ha atravesado ya su ecuador sin haber ido de momento más allá de la 'política de parches' descrita por el entonces vicerrector y hoy rector de la Universidad de Valencia, Francisco Tomás. Con todo, la Generalitat ha logrado superar la barrera psicológica del estancado 0,62% del PIB invertido en gasto valenciano en I+D y cerrar el ejercicio pasado con un volumen que superó el 0,74% del PIB valenciano (la media nacional es del 0,89%). Pero, la realidad es que sigue sin desplegar a pleno rendimiento el Plan Valenciano de I+D+I 2003-2006 -acabado hace un año y que entra ahora en imprenta- para poner fin a la 'dispersión' de las administraciones locales y consejerías y demostrar que es capaz de asumir el 'liderazgo' que le reclama el Informe Cotec.

Desde la Oficina de Ciencia y Tecnología, su responsable, Javier Quesada, asegura que 'el objetivo que tiene el Gobierno ahora es integrar todas las decisiones que afectan al Plan de Financiación de las Universidades (PPF), al Plan de Inversiones Científico-universitarias, y a la I+D [es decir, los 16 institutos tecnológicos y los futuros parques científicos] en un solo organismo de decisión', y 'que haya un único interlocutor'. Poner en marcha un instrumento de gestión 'eficaz', que planifique y fiscalice la gestión de todas las redes y consejerías. Una ventanilla única que centralice la imagen y las políticas del Consell en esta materia. 'La decisión está madura', dice Quesada.

'El Gobierno no tiene, ni debe tener la experiencia tecnológica: ésta la tienen los agentes científicos y empresariales', aclara el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Javier Quesada, quien asegura que 'las prioridades científicas y tecnológicas las van a señalar los expertos'. En pocas palabras, volver a la cultura de la 'participación', y que, además, se perciba entre los agentes implicados: empresas y universidades.

Algo suficientemente complicado, si se tiene en cuenta que desde hace dos años la Comunidad Valenciana por ser Objetivo 1 tiene autorizadas por parte de la Comisión Europea ayudas a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) por un volumen total 2.380 millones de euros (396.000 millones de pesetas) para el periodo 2000-2006, esto es, más de 330 millones de euros (55.000 millones de pesetas al año), sin que el Gobierno central y regional hayan coordinado su gestión.

A finales de 2001, las universidades desconocían las líneas de financiación y cuánto se iba a destinar ese ejercicio, y el Consell se limitaba a asignar cinco millones de euros (830 millones de pesetas) de fondos Feder del 2000, que 'lógicamente ya habían sido programados y adelantados del bolsillo de cada universidad'. Las condiciones impuestas por Bruselas para superar el estancamiento en I+D de la Comunidad Valenciana eran que el 60% de las ayudas en forma de fondo perdido fueran a empresas; entre el 20% y el 25% a centros de investigación; y entre el 10% y el 15% a las universidades. Pero la realidad dos años después está lejos de alcanzar un horizonte medianamente satisfactorio.

Además, en el mismo periodo se han desplegado el Plan Plurianual de Financiación (PPF) del Sistema Universitario Público Valenciano 1999-2003 y dos planes de inversiones en infraestructuras científico-universitarias por 450 y 330 millones de euros, respectivamente, sin que hasta la fecha exista ningún parque científico en marcha, aumentando la distancia no sólo frente a Madrid y Cataluña, sino también frente a regiones con un potencial económico muy por debajo del valenciano, como Castilla-La Mancha, que ya lo ha puesto en marcha.

La revisión del PPF

La apertura de la revisión del PPF que no se podrá aplazar más en otoño porque caduca en 2003 y los presupuestos de la Generalitat tienen que incorporar las nuevas directrices. La revisión recomienda una reflexión en serio por parte de la Administración valenciana para acabar con la 'duplicidad' con la que 'sistematiza la información' relativa a las inversiones en I+D denunciada por el Alto Consejo Consultivo; introducir la 'nitidez deseable', y acabar con la 'poca credibilidad' y el 'malestar' existente entre las universidades que reconoce la propia Oficina Valenciana de Ciencia y Tecnología. Exige, además, que se haga un esfuerzo gubernamental 'integrador' y 'una propuesta de planificación a medio y largo plazo de los espacios de I+D+I en la Comunidad', adelanta Quesada.

'Entonces, en materia de Ciencia y Tecnología, lo que se quiere es que haya un único interlocutor'. 'Es evidente que, como esto afecta al Plan de Inversiones, al Plan de Financiación, a la construcción de parques científicos, a los institutos tecnológicos y la plantilla de investigadores, habrá que coordinarlo todo bajo las directrices del Plan Valenciano de I+D+I' y también, de un 'sólo órgano de decisión', resume el responsable autonómico de Ciencia y Tecnología. 'Lo que tiene que hacer el Gobierno valenciano, además de dar participación a los agentes, es garantizar que los recursos que gasta, los gasta de forma más eficiente', puntualiza.

En este nuevo esquema general de 'integración' y 'eficacia', lo que se impone es, por tanto, que el Consell dé un giro a la estrategia seguida por la Dirección General de Universidades, que dirige Salvador Forner más al dictado de las prioridades del Ministerio de Educación que de las necesidades reales del tejido productivo y de la infraestructura científica de las universidades valencianas -como reconocen desde los sindicatos e incluso en la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)-.

Quesada no va tan lejos, pero admite que 'toda la financiación universitaria hay que integrarla, porque del PPF se paga la nómina de los profesores que hacen, tanto actividad docente como investigadora'. Y la actividad investigadora pertenece a la línea presupuestaria de la I+D. 'Más del 40% de la financiación a la I+D que se hace desde la Dirección General de Universidades responde a necesidades de nómina, por tanto, de recursos humanos; o sea, de dinero transferido a las universidades para que hagan investigación'. Y en este sentido Quesada es muy claro al señalar que la prioridad del Consell será la financiación de 'objetivos científicos', más que docentes. Algo que, en la práctica, contradice las prioridades de los objetivos de movilidad y calidad docente difundidos por el director general de Universidades. Como ha explicado uno de los padres del PPF, el ex vicerrector de la Universidad de Valencia Francisco Morales, Forner ha tratado de 'desvirtuar el modelo pactado entre la Generalitat y las cinco universidades públicas' para 'financiar directamente el coste autonómico de la controvertida Ley Orgánica de Universidades (LOU)'.

Organismo único

Esto mismo ocurre con el presupuesto de otras consejerías, como por ejemplo el capítulo finaciero para Biomedicina, que maneja Sanidad, o las ayudas al puntero Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), que gestiona la Consejería de Agricultura. Siguiendo el nuevo criterio de integración que se ha fijado el Gobierno de Zaplana, la programación del Plan Valenciano de I+D en todas las áreas 'se deberá volcar sobre la Comisión Gestora Interdepartamental, que es el organismo horizontal que aprobó el plan y lo elevó al Gobierno', aclara Quesada. 'Es allí donde hay que hacer la programación y fijar las anualidades', si se pretende salir del 'estancado 5,1%' de inversión pública en I+D de la Generalitat que señalan todos los informes.

La Generalitat, sin embargo, no descarta o, al menos según dos fuentes del gabinete, no descartan una transformación de la Oficina de Ciencia en una 'sociedad gestora, creada para tal efecto', aunque también apuntan 'a otros mecanismos, sin necesidad de modificar la actual normativa u organigrama de Gobierno'. Con todo, la prudencia en este aspecto es el denominador común.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de julio de 2002