La policía: parte de la solución, pero no la solución
El debate sobre la seguridad pública es complejo; no existen recetas simplistas. Por ello requiere un análisis sosegado, alejado de la demagogia. Y en Cataluña, en estos momentos, la falta de efectivos de la policía del Estado en muchas ciudades y comarcas contamina los argumentos y dificulta abordar el problema desde perspectivas que vayan más allá de las soluciones represivas que la derecha acostumbra a propugnar.
Cataluña ha sufrido en los últimos tiempos una situación inadmisible que nos hubiéramos podido ahorrar: el Ministerio del Interior ha tolerado que numerosas comisarías de policía y casas cuartel de la Guardia Civil hayan padecido una reducción de efectivos que las ha situado, en muchos casos, en menos de la mitad del personal teóricamente atribuido. Barcelona y su área metropolitana, con especial incidencia en el Baix Llobregat y el Vallès Occidental, y la zona de Tarragona-Reus, pero también comarcas rurales como la Terra Alta, han visto descender de forma imparable su número de policías y guardias civiles. La razón es fácil de descubrir: el proceso de despliegue territorial progresivo de los Mossos d'Esquadra, destinados a sustituir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado provoca incertidumbre entre los profesionales destinados a ser sustituidos; unos se van antes, otros no solicitan las plazas vacantes. La responsabilidad no es de esos policías ni del proceso de implantación de la policía autonómica. Ha sido la falta de previsión del ministerio, su retraso en reaccionar y su resistencia a dotar de los lógicos incentivos económicos compensatorios al personal destinado temporalmente en Cataluña, lo que ha provocado un deterioro del servicio de seguridad pública. Tampoco el Gobierno de la Generalitat ha actuado correctamente: ha mirado para otro lado aduciendo falta de competencias en una curiosa renuncia a ejercer el autogobierno. Al final, la indignación ciudadana, la denuncia de los medios de comunicación y la exigencia de los alcaldes han acelerado la búsqueda de una solución. La entrevista del consejero de Interior con los alcaldes de Barcelona y L'Hospitalet, socialistas, y el alcalde de El Prat, de ICV, y el reciente acuerdo de la Junta de Seguridad de Cataluña, con la presencia no habitual del ministro Rajoy, han diseñado las bases de un plan de actuación fácil de imaginar y previsible: el adelanto del proceso de despliegue de los Mossos d'Esquadra y la redistribución de policías del Estado dentro del territorio catalán dotándolos de compensaciones económicas. La puesta en práctica del acuerdo no será fácil: quedan incógnitas por resolver y Gobierno central y Generalitat deberían asumir la necesidad ineludible de contar con los ayuntamientos y las policías locales.
La izquierda debe disponer de un discurso propio sobre la seguridad y los cuerpos policiales
Pero si el proceso avanza satisfactoriamente, quizá recuperaremos el sosiego necesario para recordar algunos principios que la falta de efectivos impedía plantear. La izquierda debe disponer de un discurso propio sobre la seguridad y la policía. Es absurdo pensar que no ha de ocuparse de problemas que preocupan a la ciudadanía Pero tampoco me parece lógico que las fuerzas progresistas acaben adoptando el lenguaje y las soluciones de la derecha para contentar a esos ciudadanos que se sienten inseguros. La reflexión sobre lo ocurrido en
Francia nos debe mover a plantear con valentía la cuestión, a no aceptar como indiscutibles planteamientos conservadores o reaccionarios.
La izquierda debe reivindicar una policía más moderna, eficaz y democrática, dependiente de autoridades cercanas a la ciudadanía, como los alcaldes, y con una formación adecuada para afrontar los nuevos retos que una sociedad cada vez más compleja plantea. Pero al mismo tiempo, ha de ser radical al plantear que las raíces de determinados tipos de delincuencia se encuentran en la pobreza y la marginación, que algunos tipos de delitos (financieros o medioambientales, por ejemplo) producen a veces menor alarma social que cuestiones de escasa gravedad, que es inmoral asimilar delincuencia a inmigración, que limitarse a exigir la generalización de situaciones de prisión preventiva choca con la opinión de destacados especialistas en Derecho Penal o que agresiones como la violencia doméstica permanecen a veces ocultas en una nebulosa de comprensión del entorno.
Además, es necesario explicar que buena parte de la sensación de inseguridad que se observa en las ciudades responde a problemas de convivencia, de intolerancia, de falta de identificación con la comunidad, que pueden ser tratados con mejores resultados por equipos especializados en mediación que por policías.
La izquierda debe demostrar que es capaz de abordar el problema de la inseguridad. Pero al mismo tiempo ha de defender valores, propuestas y políticas alternativas a las de la derecha. No vaya a ser que, puestos a votar soluciones conservadoras, la ciudadanía piense que los que ostentan sus derechos de autor las aplicarán con mayor eficacia.
Jaume Bosch es vicepresidente de ICV
