En mal momento

La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha decidido mantener las diligencias previas en el proceso abierto contra el Banco Santander por el caso de las cesiones de crédito, un producto fiscalmente opaco que el banco ofreció a sus clientes a finales de los 80 con el atractivo del anonimato y exento de retenciones tributarias. El auto de la juez, que constituye una petición inequívoca a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral, determina que hay indicios de 138 delitos fiscales y uno de falsedad continuada en documento público imputables al presidente del banco, Emilio Botín, al consejero delegado, Rodrigo Echenique, y a otros tres altos cargos de la entidad. La juez podía haber optado por archivar definitivamente el asunto de las cesiones de crédito, puestas en el mercado en 1988 y recurridas ante los tribunales desde 1992 a instancias del ministerio de Hacienda; pero ha preferido mantener vivo el procedimiento judicial, quizá desde el convencimiento de que las conductas fiscales supuestamente irregulares no han sido suficientemente aclaradas. Sorprende que la juez mantenga la imputación del banco después de que la Sala de lo Penal dictara una resolución que limitaba las responsabilidades a los titulares de las cuentas.

Para el SCH el auto de la juez llega en un momento particularmente delicado. Todavía no han acabado de olvidarse las incertidumbres provocadas por las luchas internas para desplazar a los consejeros y ejecutivos heredados del Central Hispano en la fusión de ambos bancos ni se han apagado los ecos de la constitución del nuevo consejo con una mayoría de consejeros independientes cuando debe afrontar una situación procesal que probablemente introducirá elevadas dosis de inquietud en la gestión. Aunque se trate de un asunto que no afecta al balance de la sociedad, se produce con el telón de fondo de un auténtico rosario de escándalos financieros que llegan desde Estados Unidos y que han generado una profunda desconfianza en los mercados financieros.

Por otra parte, resulta altamente desmoralizador para los ciudadanos el ejemplo de ineficacia judicial que se desprende de este caso. Durante más de diez años los tribunales no han sido capaces de cerrar un asunto que compromete tanto al banco como a sus clientes y a la propia administración tributaria. Como la credibilidad de la justicia no depende sólo de la equidad con que se administran las leyes sino también de la rapidez con que se aplican, este interminable sumario se ha convertido en un innecesario factor de desestabilización que podría haber sido conjurado si los tribunales lo hubieran sentenciado en el tiempo debido. Que el abogado del Estado, la Agencia Tributaria y el fiscal vengan pidiendo el sobreseimiento desde hace seis años contribuye a aumentar la confusión general.

La decisión de la juez Palacios abre ahora una nueva incógnita en el agitado mercado bancario español. Sólo cabe desear que se resuelva con prontitud y limpieza. Sería el escenario óptimo para el banco, para los tribunales... y para todos.