El PP crea, impulsa y subvenciona un grupo para gestionar fondos europeos en Els Ports
Un senador registra una asociación que preside un concejal y recibe ayuda de la Diputación
Diego Castell, senador del PP por Castellón, registró en mayo de 2000 la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca dels Ports-Maestrat (Portmader) con la finalidad de fomentar el desarrollo 'armónico y sostenido' de la zona. La Diputación de Castellón concedió una subvención de 35.416 euros a Portmader, efectiva en julio de 2001, para elaborar un programa de desarrollo rural y concurrir a la concesión de fondos Leader+ de la Unión Europea. La Consejería de Agricultura adjudicó a Portmader la gestión de los fondos europeos en febrero de 2002, cuando presidía la asociación un concejal del PP y actuaba como secretaria una asesora del presidente de la Diputación.
Los fondos europeos para desarrollo rural se han venido distribuyendo desde 1991 y han sido gestionados por los denominados Grupos de Acción Local (GAL) constituidos en zonas homogéneas para crear empleo y mejorar las condiciones de vida vecinos de los pueblos receptores. Según el Boletín Oficial del Estado, los GAL deben 'estar constituidos por un conjunto equilibrado y representativo de interlocutores públicos y privados implantados a escala local que definen una estrategia, informan y asesoran a la población rural y estimulan el desarrollo económico y social de su comarca'.
Cuando la UE ofreció por primera vez fondos Leader en 1991, varios alcaldes de la comarca de Els Ports-Maestrat, con Joaquim Puig, alcalde de Morella a la cabeza, organizaron un GAL y se dirigieron directamente a Bruselas para pedir las ayudas. El reparto de fondos se articuló para ser controlado por el Estado y, posteriormente, con participación de las comunidades autónomas.
La Asociación GAL de Els Ports-Maestrat, abierta a todos los interesados, gestionó los fondos europeos Leader 1, distribuidos desde 1991, y Leader II, repartidos a partir de 1995, desde una oficina con sede en Morella. Ante la convocatoria de una tercera oleada de fondos europeos, Leader+, a repartir entre 2000 y 2006 en zonas rurales sin excepción de todo el territorio europeo, el GAL de Els Ports-Maestrat tropezó con un grupo rival, un hecho sorprendente en una comarca relativamente despoblada y con una frágil estructura social.
Diego Castell, senador del PP por Castellón, registró en mayo de 2000 la asociación Portmader que, formalmente, 'actúa al margen de los partidos y demás organizaciones políticas', según consta en sus propios estatutos.
La asociación la preside Francisco Medina, cabeza de la candidatura municipal del PP en Morella en las elecciones de 1999, y actúa como secretaria Laura Peñarroya, quien fue nombrada funcionaria eventual de la Diputación de Castellón para el cargo de asesora de presidencia con efectos desde el 15 de enero de 2001.
La revista informativa del Grupo Municipal del PP de Morella de octubre de 2000 da cuenta de la campaña informativa desarrollada en toda la comarca para implicar a instituciones, empresas y particulares en Portmader y denota las vinculaciones entre la asociación y el partido cuando párrafos sucesivos arrancan: 'Desde el grupo popular creemos....' y 'Desde la presidencia del Portamader creemos....'.
Cuando la Diputación de Castellón convocó en diciembre de 2002 y por primera vez en la historia una concurso para la concensión de una subvención destinada a elaborar un programa de desarrollo rural para concurrir a la iniciativa Leader+, tanto el GAL histórico como Portmader presentaron sus opciones. El concurso primó con mucho el número de asociados sobre la experiencia de gestión y la vinculación a redes de desarrollo rural, de modo que la subvención de 35.416 euros recayó sobre Portmader, la asociación cuya secretaria es asesora de Carlos Fabra, presidente de la Diputación.
Ambos grupos sometieron sus respectivas propuestas a la Consejería de Agricultura. Una comisión de selección de los grupos locales que debían recibir los fondos europeos se reunió en Valencia el 10 de enero de 2002 con participación de representantes de la Consejería de Agricultura, el Ministerio de Agricultura (MAPA), la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las dos redes, española y estatal, que coordinan y asesoran a los GAL en todo el territorio nacional.
La consejería desestimó la propuesta del GAL Els Ports en favor de Portmader. El MAPA propuso la fusión de ambos grupos, para aprovechar la experiencia de gestión acumulada por el GAL Els Ports. El representante de la Red Estatal de Desarrollo Rural, Felipe González de Canales, apostó por Portmader debido a su mayor representación municipal y sugirió que el GAL Els Ports había concentrado sus inversiones en Morella en detrimento de otros pueblos de la zona.
Portmader, que no incluye a Morella, ha recibido finalmente la encomienda de gestionar los fondos Leader+ y ha instalado para ello una oficina central en la localidad de Ares del Maestre, un municipio con 249 habitantes censados.
Una red socialista y otra cristiana
La disponibilidad de fondos europeos para el desarrollo rural y la ausencia de medios técnicos en los municipios destinatarios de tales ayudas desembocó en 1995 en la constitución de una Red Española de Desarrollo Rural, una asociación sin ánimo de lucro creada para asesorar y prestar soporte a las entidades locales interesadas en recibir fondos para cofinanciar proyectos de desarrollo rural. Antonio González, alcalde socialista del municipio de San Pedro, en Castilla-La Mancha, ocupa la presidencia de la Red Española de Desarrollo Rural desde agosto de 2000. Los fondos europeos para desarrollo rural van dirigidos a asociaciones que combinan la representanción política y civil de las comarcas receptoras. En principio, el vuelco del mapa político municipal se traduciría en los cambios correspondientes en la cúpula del organismo. Pero el PP como organización nacional nunca ha parecido muy interesado en participar en la Red Española de Desarrollo Rural, sino que se ha decantado por la Red Estatal de Desarrollo Rural, otra organización sin ánimo de lucro constituida en 1998 al amparo del Instituto de Desarrollo Comunitario, una organización que representa Felipe González de Canales, miembro activo del Opus Dei. Un alto cargo de la Consejería de Agricultura sugiere abiertamente que hay dos grandes asociaciones dedicadas al fomento del desarrollo rural en España, 'una controlada por los socialistas y otra por el Opus Dei'. Y apostilla: 'Ya me gustaría a mí que hubiera una del PP'. González de Canales está vinculado a varios Grupos de Acción Local en todo el territorio nacional y todo indica que la asociación que representa fue destinataria de la subvención de la Diputación de Castellón para elaborar un programa de gestión de los fondos Leader+ en la comarca de Els Ports. La Red Española de Desarrollo Rural dispone de su propia página en la red de internet. La Red Estatal de Desarrollo Rural, sin embargo, sólo es accesible en la red de internet a través de la página principal de la empresa Tragsa, una empresa de capital público, dedicada a todo tipo de trabajos en el ámbito agrario y medioambiental.
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