Sin prisas, con garantías

La Justicia no sólo debe incorporar mecanismos que respondan a las necesidades de la sociedad sino que está obligada a responder a ella modificando los que provoquen disfunciones. Pero las innovaciones no pueden siquiera insinuar la más leve distorsión de los más elementales preceptos del Estado de Derecho. El Derecho es el ordenamiento cuya aplicación debería darnos las mejores herramientas para una sociedad de escrupulosas garantías a través de una justicia eficaz, rápida, moderna, rigurosa... Apostar por ello no puede revelar un atisbo de vulneraciones.

Es indiscutible, por razones que no son objeto de esta reflexión, que las diligencias por delitos menores se han multiplicado por mucho. Y las demoras judiciales aparecen como elemento asociado al crecimiento de inseguridad ciudadana. Como forma de corregirlo, acelerando los procedimientos, aparecen los juicios rápidos. Pero la seguridad no puede primar si se pierde libertad. Actuemos con los medios del Estado de Derecho.

Los abogados apostamos por el respeto a los derechos, que recogen los principios de solidaridad y fraternidad. Me disgusta la escasa consideración hacia la abogacía en el diseño de medidas que aparentan proponerse la solución de problemas, máxime cuando es pieza fundamental para el desarrollo del Estado de Derecho. La abogacía valenciana colabora, y lo hará siempre, con medidas que mejoren los tiempos en la administración de la justicia, pero no en las que buscan la popularidad olvidando los medios necesarios para poder practicarla.

No podemos sacrificar derechos fundamentales. Una justicia inmediata es muy poco garantista, puede impedir el derecho a la defensa porque no se podrán investigar muchos aspectos. Justicia rápida, sí; pero con la debida serenidad. Justicia inmediata no, porque no es Justicia. A la abogacía le importa el derecho a la defensa, que es inalienable a las personas. La abogacía es la única que se menciona como tal en la Constitución, es una piedra esencial del Estado de Derecho, aún en el caso de defender a un criminal. La historia de los totalitarimos refleja como una de sus primeras acciones es acabar con los abogados. Un juez sólo puede ser justo si escucha a todas las partes y éstas emplean con garantías y sin restricciones los medios de defensa. La futura ley que articulará la celebración de juicios rápidos, lejos de arreglar los problemas endémicos de la Justicia española, aumentará el caos y la pérdida de tiempo. La reforma es inviable si no se acompaña de los medios materiales y humanos necesarios. Pero además, tiene que articularse un proceso que respete las garantías y el derecho a la defensa como pilar fundamental del Estado de Derecho.

Luis Miguel Romero es decano del Colegio de Abogados de Valencia.