La fiscalía pide cárcel por tráfico de influencias para una concejal del PP de Las Rozas

La fiscalía de Madrid pide seis meses de cárcel y una multa de 4.000 euros, por un delito de tráfico de influencias, para la concejal de Las Rozas Isabel Montero (del PP). El fiscal del caso, Antonio Camacho, imputa a Montero haber adjudicado en 1997 la ludoteca municipal a la firma Caracoles, de la que es accionista una sobrina de la edil. El fiscal demanda al juez instructor que siente en el banquillo a Montero, actual concejal de Servicios Sociales, y que se celebre contra ella un juicio con jurado en la Audiencia de Madrid, como establece la ley para estos delitos.

Si finalmente este asunto llega a juicio, sería la primera vez que un cargo público es sometido en Madrid al veredicto de un jurado popular por un caso de tráfico de influencias desde que en 1997 entró en vigor la institución del jurado. El fiscal demanda que testifiquen ante la Audiencia nueve personas; entre ellas, el alcalde de Las Rozas, el popular Bonifacio de Santiago.

Entre la retahíla de supuestas irregularidades, el ministerio público expone que Montero adjudicó la gestión de la ludoteca a la empresa Caracoles, pese a que ésta no reunía los requisitos del concurso convocado al efecto. El fiscal, en su escrito de acusación provisional, detalla que Montero, 'en el ejercicio de una competencia municipal que le estaba atribuida', adjudicó la citada ludoteca el 19 de marzo de 1997, tras efectuar un informe favorable sobre la empresa de su sobrina y en detrimento de las otras ofertas.

En ese informe, siempre según el fiscal, Montero reseñó que la oferta de su sobrina 'era la más ventajosa para los intereses municipales'. Además, el fiscal aclara: 'La acusada conocía obviamente la relación familiar que le unía a una de las integrantes de la citada oferta, y en ningún momento lo puso en conocimiento de los responsables municipales, ni tampoco se abstuvo de la práctica del [citado] informe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Bases de Régimen Local'. Esta ley prohíbe a los cargos públicos intervenir en adjudicaciones a las que concurran familiares.

Delito de falsedad

Asimismo, el ministerio público demanda que se 'deduzca testimonio' [que el juez ordene una investigación] contra Montero y otra persona 'por la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público'. Esta falsedad tiene relación con informes aportados al procedimiento por la edil y que supuestamente no responden a la verdad.

Las supuestas irregularidades sobre este caso afloraron merced a una querella presentada por dos accionistas de otra empresa que también aspiró a gestionar la ludoteca. Estas accionistas, personadas en la causa como acusación particular, reclaman para la edil un año de cárcel y otros seis de inhabilitación para ejercer un cargo público (el fiscal pide que la inhabilitación sea por cuatro años).

Ambas accionistas destacan, en su escrito de acusación, que Montero, en su condición de concejal de Servicios Sociales 'informó de forma desfavorable' el proyecto que ellas presentaron. Y que para ello, Montero utilizó 'un procedimiento de urgencia viciado desde el principio'. El citado procedimiento fue el concurso, al que se presentaron 'tres plicas', una de ellas, la de la empresa de la sobrina. En esa plica, recuerdan las querellantes, figuraba el nombre de la sobrina, pero sólo su primer apellido. Y es que, para despistar, se eliminó el segundo apellido, que coincidía con el de la concejal.

'Además', agregan las querellantes, 'los informes y notas que emitió Montero' sobre su empresa 'siempre fueron negativos; e incluso alguno de ellos con un contenido delictivo y calumnioso'. Y todo ello porque era consciente de que la oferta de su sobrina, dicen, 'no cumplía en absoluto con las condiciones requeridas en el concurso, que exigía una titulación y experiencia de las concursantes'.

Concha Mendoza, abogada de Montero, explicó ayer que ha pedido al juzgado instructor, el número 2 de Majadahonda, que efectúen nuevas diligencias sobre este caso. Y añadió que, si éstas son aceptadas por el juez, cabe la posibilidad de que el asunto no llegue a juicio y sea archivado. Mendoza también lamentó que aún no se haya tomado declaración a las querellantes.