Teatro de Sagunto y coste de oportunidad

Después de haber visitado recientemente los teatros romanos de Siracusa y Taormina en la hermosa Sicilia, ejemplos ambos de cómo es posible compatibilizar su uso masivo para espectáculos con el escrupuloso respeto hacia las ruinas, no me cuento entre los entusiastas de la obra efectuada por los arquitectos Grassi y Portaceli en Sagunto. Sin embargo, ante el tremendo error, a mi juicio, que el Consell se propone cometer, deseo unirme al coro de voces que claman por la sensatez, por si ello sirviera para algo.

Conozco el estado del teatro saguntino antes y después de la intervención (inacabada, por cierto). No pretendo entrar en la polémica de lo que si se hizo estuvo bien o mal -opiniones apasionadas hay para todos los gustos- pero es obvio que no se ajustaba a la legalidad -así lo han declarado los tribunales de Justicia-, suficiente para constatar su desacierto. La ejecución de una sentencia condenatoria es, hasta ahora, el único argumento al que se agarra Carmina Nácher, subsecretaria de la Consejería de Cultura, para defender a ultranza una demolición radical. Así se desprende de sus intervenciones ante los medios de comunicación y de su encendido artículo, publicado en este periódico del pasado 19 de mayo, del que extraigo el siguiente párrafo: 'Examinados los antecedentes, y con una sentencia firme señalando al Gobierno socialista de aquellos años, resulta irónico que ahora, desde el PSPV, se pida negociar una amnistía o burlar a los jueces. ¿O es que cuando le conviene a la oposición se olvida que hay una Constitución en España que consagra la división de poderes y la independencia de los tribunales?'. Una pobre defensa en momentos caracterizados por un Montesquieu devaluado por la práctica gubernamental del Partido Popular. Todavía está reciente el empeño del gobierno por burlar una sentencia firme en un caso mucho más grave, el de Gómez de Liaño, un juez prevaricador, no olvidemos tan deprisa, sin cancelar sus antecedentes penales, indultado y a punto de volver a sentarse en los tribunales para juzgar a otros posibles delincuentes. La suspensión de la ejecución de la sentencia sobre las obras de Sagunto, por muy ilegales que sean -y no estoy defendiendo la actuación de anteriores gobiernos del PSPV a quienes corresponde la responsabilidad de los hechos- no produce ni de lejos, el escándalo y la inseguridad jurídica que provoca la reposición en su puesto de trabajo de un juez prevaricador. Un hecho que viene al caso porque demuestra que la voluntad política es muy capaz de imponerse a los criterios judiciales, aunque hayan sido sancionados por sentencias firmes. Llevar a cabo la demolición de las obras de la envergadura del Teatro Romano de Sagunto exige argumentos de más calado, bajo una óptica pragmática y comprensible.

He sondeado la opinión de algunos arquitectos, unos a favor de la obra existente, otros en contra por completo. Todos han coincidido en que su derribo inflingiría un nuevo daño al monumento. ¿Por qué no se han hecho públicos los numerosos informes al respecto que debe tener la consejería? Además, las ruinas existentes antes de la obra de Grassi y Portaceli eran unas ruinas falsificadas, producto de anteriores y desgraciadas intervenciones. Agreguemos que como infraestructura teatral resultaban lamentables, con barracones de feria convertidos en improvisados camerinos, servicios higiénicos deficientes, por no hablar de los graderíos para albergar al público capaces de poner a prueba los más sufridos traseros. En resumen, inadecuadas para abordar un programa de festivales que sirviera de reclamo cultural y de estímulo para la economía del municipio.

La audacia de la obra realizada pudo ser excesiva. Que es ilegal nadie lo niega ya. Pero está ahí, resultado de una inversión cuantiosa, y es emblemática a nivel mundial (precisamente por su atrevimiento). ¿Por qué no acabarla y sacar partido a su extraordinaria singularidad? Una postura más inteligente que dejar entrar a la piqueta y devolverla a su estado de ruina ruinosa y falsificada.

Añadamos otro aspecto a tener en cuenta: ¿cuánto nos va a costar? ¿Vamos a permitir que esta demolición, nada apremiante, consuma el presupuesto anual de la Generalitat destinado a la conservación del Patrimonio cuando hay tantos monumentos cuya supervivencia clama a gritos una intervención urgente? En economía a este tipo de análisis se le conoce como coste de oportunidad, porque, cuando los recursos son limitados, apostar por una opción significa siempre sacrificar la alternativa. Como ciudadanos tenemos derecho a conocer qué sacrificamos a cambio, qué otros proyectos se quedan en el cajón. El castillo y las murallas de Sagunto, sin ir más lejos, o las antiguas naves de Altos Hornos en el Puerto donde el año pasado se representaron en condiciones surrealistas -bajo goteras, con los cristales de las ventanas rotos y aseos de quita y pon en el exterior del recinto- Las Troyanas, o la iglesia de los Santos Juanes en Valencia, o el Palacio de la Seda, recién apuntalado para que no se nos caiga a trozos. Argumentos para solicitar, con el máximo respeto a la división de poderes, naturalmente, que se suspenda la ejecución de la sentencia. No sería la primera vez. Incluso tiene su encaje en nuestro ordenamiento jurídico.

María García-Lliberós es escritora.