La inseguridad ciudadana y la reforma de la justicia, principales retos del nuevo Gobierno

Jean-Pierre Raffarin presentará hoy su dimisión protocolaria como jefe del Gobierno al presidente de la República, Jacques Chirac, que sin duda le confirmará en el cargo de primer ministro, de manera que dejará de tener carácter provisional en espera de someter sus grandes iniciativas programáticas (seguridad ciudadana y reforma de la justicia) a la Asamblea Nacional surgida de los comicios. Los grandes desafíos que deberá afrontar Raffarin en esta nueva etapa comienzan por la propia ampliación y remodelación del equipo ministerial que nombró hace poco más de un mes.

El primero en ser cambiado será el titular de Asuntos Europeos, Renaud Donnedieu de Vabres, que deberá abandonará el Gobierno porque está procesado por la financiación irregular de su antiguo partido. En la cartera de Economía, Presupuesto e Industria también podría surgir alguna sorpresa, e incluso una minicrisis debido a la personalidad de su máximo responsable, el empresario Francis Mer, poco partidario del lenguaje tecnocrático de los profesionales de la política económica.

Pero la amplia mayoría parlamentaria y la dinámica misma de la victoria deben facilitar la llegada al Ejecutivo de nuevos nombres y la marcha de algunos sin que todo ello tuviera especial repercusión. En cambio, sí se quiere que encuentren un gran eco las dos leyes-programa que el Gobierno presentará a la Asamblea Nacional para ampliar el presupuesto de los ministerios de Interior y Justicia. Chirac prometió 6.000 millones de euros para 'luchar contra la inseguridad que mina nuestro país'. Todo eso se traducirá en nuevos coches para la policía, chalecos antibalas para todos los agentes y mejora de algunas comisarías, así como la contratación de más personal.

Justicia quiere 'que los juzgados dejen de estar colapsados', pero no ha precisado si contratará más funcionarios o si optará por simplificar una legislación abstrusa y lenta. Lo que sí ha prometido el ministro Dominique Perben es el retorno de los correccionales para menores -el eufemismo empleado es 'centros cerrados'- y la creación de nuevas cárceles.

Otra cuestión que abordará Justicia es la de la famosa amnistía. A priori sólo debería afectar a las multas de tráfico por infracciones poco graves, pero todo el mundo se teme que los diputados y senadores vayan incluyendo modificaciones hasta conseguir que los delitos relacionados con la financiación de los partidos -apropiación indebida, falsificación de documentos, extorsión, trucaje de subastas públicos, etc.- queden sobreseídos a partir de nuevos criterios de prescripción. De esa manera, Jacques Chirac dejaría de aparecer, una semana sí y otra también, como implicado en numerosos sumarios y siempre fuera del alcance de los jueces.

Presión fiscal

La tonalidad social del nuevo Gobierno tendrá sus piedras de toque. Por ejemplo, deberá decidir si aumenta, o no, el salario mínimo por encima de la inflación. Otro ejemplo, la prometida reducción de la presión fiscal -un 5% menos de IRPF este año- en un 30% en el plazo de 5 años no se sabe cómo se repartirá Y nadie sabe cómo se financiará el aumento consentido a los médicos en plena campañal -la medida tuvo un neto carácter propagandístico-, pero es previsible que el usuario pague la factura.

El déficit público inquieta. Chirac dio a entender que lo acordado en Niza podía ser objeto de renegociación. Francis Mer insistió en que el tratado 'no está grabado en mármol' y sugirió un calendario más flexible. En cualquier caso, el país sabe que tiene un patrimonio que respalda la fiabilidad del Estado. Se estima que las participaciones de éste en distintas empresas suponen más de 70.000 millones de euros, es decir, más del valor de todo lo privatizado hasta ahora y desde 1986. Algunas de las privatizaciones parecen fáciles, como la 9,5% de Crédit Lyonnais, otras dependen de resolver los conflictos de categorías -es el caso con los pilotos de Air France- para poder desprenderse de un 55,9% de la sociedad. De momento se sabe que el Gobierno se plantea fusionar Thales y Snecma, es decir, un grupo de electrónica de defensa y el motorista de aviones, dos sociedades complementarias y que comparten una buena parte de los clientes. El caso de EDF-GDF, electricidad y gas, aparece envenenado por el estatuto de los trabajadores de las dos empresas públicas y el tipo de régimen de jubilaciones vigente, distinto del establecido para el sector privado. Eso hace que EDF y GDF, que tienen una política expansionista en Europa, esperen de Bruselas que les imponga por la fuerza la reforma impopular de su estatuto.

Por último, el Gobierno de Raffarin deberá probar la autenticidad de su voluntad reformadora atacando el dossier de las pensiones de jubilación, explosivo en un país que va a vivir su curva de máximo envejecimiento de la población los próximos 15 años.