Reclaman 36.000 euros a varias federaciones por un 'raid' hípico
Los petrodólares que visitaron hace dos años las campas de Salburua en Vitoria, con la presencia de varios príncipes árabes aficionados a la hípica, han derivado en un complejo proceso judicial que cuenta con una presencia inusual de nombres conocidos en la política local. La empresa que montó la infraestructura de la prueba reclama ahora una presunta deuda de 36.000 euros a los organizadores.
El denominado II Raid Endurance celebrado el 22 de abril de 2002 en las campas vitorianas de Salburua contaba con todos los alicientes para convertirse en un acontecimiento singular. En esta suerte de maratón hípico en el que se recorrían 160 kilómetros por toda la provincia participaron ochenta de los mejores jinetes del mundo en esta especialidad. Entre ellos, tres hijos de El Seikh Mohamed bin Rashid Al Maktoum, inescrutable nombre bajo el que se esconde al príncipe heredero de Dubai, una de las veinte fortunas mayores del mundo cifrada en casi cien mil millones de euros.
Una gran carpa refrigerada de inconfundible diseño arábigo, situada cerca de las cuadras generales, preservaba las cabalgaduras del equipo de Dubai, cuyo séquito estaba compuesto por medio centenar de personas. Precisamente, la empresa que montó carpas, vallado e infraestructuras para esta glamourosa competición reclama, dos años después, seis millones de pesetas a la organización.
Políticos de testigos
La reclamación de cantidad se dirige contra las federaciones alavesa y vasca de hípica y en el proceso judicial han sido citados como testigos por parte de la firma de instalaciones el diputado foral de Deportes, Pablo Mosquera, su homólogo municipal, Antonio Sánchez, el director foral de Deportes y la coordinadora del evento.
Tras una frustrada vista preliminar suspendida el pasado 28 de mayo por la aparición de documentación de última hora, la causa ha quedado pendiente de un nuevo señalamiento para después del verano. Entretanto las partes en el proceso han marcado sus planteamientos en este peculiar caso.
El representante legal de la Federación vasca considera que era la delegación alavesa la organizadora, ya que contaba con una cuenta específica a la que iban a parar todos los aportes económicos, incluidas subvenciones procedentes de instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación alavesa.
El proceso está dirigido a desvelar en qué manos se hallaban las facturas impagadas y depurar las responsabilidades federativas. La abogada demandante recuerda que los responsables deportivos forales supervisaron aspectos económicos de la organización y por eso ha demandado la presencia del diputado foral y del director del área con el objeto de aclarar si era la federación alavesa, la vasca o ambas las responsables de la gestión.
