UGT estima que el 'decretazo' dejará a más de 120.000 fijos discontinuos sin prestación de paro

La reforma del desempleo dejará a 120.000 trabajadores valencianos fijos discontinuos sin prestación por paro durante los meses de inactividad, según una estimación realizada desde UGT-PV sobre un análisis de los convenios colectivos sectoriales vigentes. El efecto del decretazo sobre este grupo de trabajadores lo convierte en uno de los principales damnificados de la reforma lanzada por el Ejecutivo español y tiene especial incidencia en la Comunidad Valenciana, cuyo tejido económico contiene diversos sectores de producción estacional.

La reforma ha caído como una carga de profundidad entre los sindicatos. El decreto-ley convalidado este jueves por el Gobierno en el Congreso considera como fijos discontinuos sólo a los trabajadores de fecha incierta, es decir, los que desconocen cuándo les llamará la empresa y durante cuánto tiempo. Esta redefinición elimina de un plumazo la consideración de fijos discontinuos para muchos trabajadores valencianos, empleados en actividades productivas marcadas por la estacionalidad -turrón y helado, juguete, sector agroalimentario, hostelería o educación-, que pasan al apartado de contratados 'a tiempo parcial' y dejarán de percibir el desempleo durante el tiempo de inactividad.

Un ejemplo de esta situación puede ser Algemesí. El tejido productivo de esta localidad de la Ribera, con algo más de 25.000 habitantes, emplea a alrededor de 2.000 fijos discontinuos en el sector agroalimentario. De ese total, 1.200 se dedican a tareas de recolección, principalmente de cítricos, y los 800 restantes, sobre todo mujeres, trabajan en almacenes. El perfil medio de este último colectivo es el de una mujer de mediana edad, con estudios básicos y de familias ligadas al campo. La actividad en este sector se concentra fundamentalmente entre octubre y febrero o marzo.

El concejal del área de Trabajo y Empleo de este Ayuntamiento, Pepe Esteve, estima que el año pasado 'entraron' en Algemesí 1,2 millones de euros en prestaciones a este colectivo de trabajadores. Esteve explica que la Comunidad Valenciana es la única autonomía donde el convenio agroalimentario contemplaba la condición de fijos discontinuos para los recolectores (collidors). Y los trabajadores cobraban el paro un año sí, otro no. Por ello, considera que la pérdida de esta condición supondrá una 'minoración de las rentas, más poder para los empresarios y más sumisión para el trabajador'.

Algemesí no es un caso aislado. El análisis de UGT-PV indica que el sector citrícola (recolectores y manipuladores) aglutina a más de 60.000 trabajadores, la mayor parte de ellos fijos discontinuos y localizados en las dos Riberas, Camp de Túria, Camp de Morvedre, L'Horta, La Safor y la Plana Baixa. A este colectivo se unirían cerca de 10.000 asalariados más en distintas tareas del sector agrario.

Estacionalidad

Otras actividades marcadas por la estacionalidad son la turronera y la fabricación de helados, donde hay en torno a 8.000 empleados en esta situación. El sector juguetero, concentrado básicamente en la comarca de L'Alcoià, aportaría 10.000 trabajadores más a esta lista y en la hostelería alrededor de 12.000 fijos discontinuos también pasarían a engrosar la cifra de afectados por la reforma aprobada por el Gobierno que preside José María Aznar.

La revisión de los convenios colectivos sectoriales realizada por el sindicato también indica que en el sector de la enseñanza hay 10.000 trabajadores de los comedores y del transporte escolar afectados por el decreto, y alrededor de 9.000 en la industria de conservas vegetales.

En conjunto, UGT estima que en la Comunidad Valenciana hay un colectivo potencialmente afectado de más de 120.000 trabajadores, ya que el decreto no deja claros 'los condicionantes para clasificar a un fijo discontinuo como de fecha cierta o incierta'. Este colectivo, añaden, estará abocado a elegir entre la estabilidad laboral y la protección por desempleo.

Para el secretario de Acción Sindical de UGT-PV, Carlos Calero, la reforma puede suponer un 'drama económico' en algunas comarcas valencianas y una 'quiebra de su modelo social'. Y en este punto explica que en la pérdida de las aportaciones en el caso de las mujeres, por ejemplo, se resentirá el equilibrio de muchas economías domésticas. Esta situación, continúa, unida al aumento de la inflación -el Índice de Precios al Consumo creció un 0,4% en mayo y situó la inflación interanual valenciana en el 3,5% - 'anticipa una negociación colectiva muy conflictiva en estos sectores'. Calero considera, en definitiva, que el Gobierno traslada a empresarios y trabajadores 'todas sus ineficacias' y 'su arrogancia'.