Unos 30 encerrados en Sevilla exigen los papeles que les prometió el Gobierno

Hace un año, exactamente, Khelifa Kedjounia estaba en huelga de hambre en Huelva por la misma razón por la que ahora se ha encerrado en la Universidad Pablo de Olavide. El argelino no logró los papeles entonces a pesar del compromiso del Gobierno de regularizar a los inmigrantes encerrados que demostraran su arraigo después de que los empresarios ofreciesen 1.100 precontratos. Cerca de 200 encerrados en Huelva no lograron permisos de trabajo en aquella protesta. Una treintena de ellos los exige ahora con el encierro en Sevilla.

La situación administrativa de los 400 encerrados en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, que reclaman su regularización para suspender la protesta, no es homogénea. En el grupo figuran alrededor de una treintena de inmigrantes que protagonizaron encierros y huelgas de hambre en Huelva hace un año y que, frente a lo ocurrido con la mayoría de sus compañeros de entonces, no lograron el permiso de trabajo.

Alrededor de 200 inmigrantes no regularizaron su situación entonces porque la Administración consideró que no demostraban el arraigo, en varios casos, y porque algunos precontratos ofertados por la patronal fresera se presentaron con retraso. La salida pactada en Huelva para finalizar el conflicto, que derivó en una grave situación humanitaria por las huelgas de hambre de los encerrados, implicó a la organización empresarial Freshuelva, que se comprometió a realizar 1.100 precontratos de trabajo para que la Subdelegación del Gobierno regularizase a los extranjeros.

El acuerdo alcanzado entre los encerrados, el Gobierno y la patronal contemplaba que los inmigrantes con precontrato y que probaran su arraigo obtenían un permiso de trabajo temporal, con derecho al de residencia, según el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que se encargó de mediar en aquel conflicto.

En uno de aquellos encierros participó el argelino Khelifa Kedjounia, uno de los 400 inmigrantes que permanece desde el lunes en el campus. Este inmigrante recibió el pasado 3 de diciembre la notificación de la Subdelegación del Gobierno de Huelva mediante la que le denegaban el permiso de residencia temporal y le daban 15 días para abandonar el territorio español.

La resolución oficial señalaba que no reunía los requisitos para demostrar que 'concurren razones humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite la situación de arraigo'. Khelifa Kedjounia asegura que lleva dos años en España, donde entró con un visado del consulado francés que le permitió hacer la travesía desde Orán a Marsella. Su caso es similar al de Abdelli Khelifa, otro argelino que entró en España a través del mismo procedimiento y que también participó en el encierro protagonizado en la Casa del Mar, en Huelva, hace un año. El Gobierno le denegó su regularización, recurrida por el inmigrante sin éxito.

La 'espita'

La presencia de esta treintena de inmigrantes, que ya participaron en los encierros de Huelva de hace un año -concluyeron el 20 de junio de 2001-, en el campus sevillano invita al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, a creer que puede reabrirse 'la espita' de aquel compromiso gubernamental y dar una salida a los afectados.

Chamizo, que ayer acudió a la universidad sevillana para tener un primer contacto con los voluntarios que trabajan con los encerrados, se reunirá hoy con 17 inmigrantes, elegidos por sus compañeros, para escuchar sus propuestas. El Defensor andaluz aseguró que no le ocultará a los encerrados la 'complejidad' de que el Gobierno los regularice a todos, a la vista de lo manifestado en los últimos días por el ministro del Interior, Mariano Rajoy. 'Me gustaría que me dieran más alternativas que una', dijo en alusión a la reclamación de una regularización general.

La visita de Chamizo al campus coincidió con la del europarlamentario José María Mendiluce, que pidió al Gobierno que 'no aplique la ley con todo el rigor' y 'no utilice esto como un caso ejemplarizante'. Mendiluce pidió como 'mínimo' la retirada de la policía que vigila el recinto universitario y que se autorice la salida del encierro de quienes 'libremente lo decidan'.

El europarlamentario también aludió a la responsabilidad de aquellas organizaciones que han montado el encierro 'sin tener claras las salidas' para que no se convierta en 'una encerrona' y se solidarizó con la rectora, Rosario Valpuesta, frente a las críticas del Gobierno.

La delegación de alumnos de la Pablo de Olavide, por su parte, rechazó en un comunicado la intervención policial del miércoles en el campus. El dispositivo de control policial establecido alrededor del recinto universitario, que genera grandes retenciones cada mañana, afectó ayer al coche oficial de la rectora. Fuentes universitarias informaron de que el conductor del vehículo, que iba identificado y en el que no viajaba Valpuesta, tuvo que abrir el maletero a los agentes.