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Alcaldes del litoral de Castellón recelan de la ley de ordenación territorial

Fabra encabeza la resistencia a una norma que amenaza varios proyectos de urbanizaciones

María Fabra

Los roces del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, con el Consell han tenido en el Medio Ambiente uno de sus polos, como en la declaración del parque natural de la Serra d'Irta, que algunos municipios afectados consideraron excesiva. Ahora, Fabra encabeza la resistencia de un grupo de alcaldes que ven amenazados por la futura Ley de Ordenación del Territorio (LOT) los proyectos de urbanizar millones de metros cuadrados en el litoral.

En su nueva pugna con la Generalitat, Fabra tiene a varios alcaldes de su parte. En el norte de la provincia de Castellón hay unos 10 millones de metros cuadrados de litoral por urbanizar. Hay programas presentados, pero todos se encuentran en un impasse. En el caso de Burriana se aprobó la urbanización de 2,5 millones de metros cuadrados, sobre un programa que, en principio, no cumple uno de los preceptos de la futura LOT como es la salvaguarda de 500 metros desde la costa. En Oropesa hay otro proyecto parecido que se ejecutará sobre la Albufera, excluida del catálogo de zonas húmedas. En Cabanes se ha desatado ahora la fiebre sobre la zona conocida como Torrelasal. En Alcalà hay una fuerte controversia y seis empresas se disputan 1,3 millones de metros cuadrados urbanizables, pero inundables. En Torreblanca, la homologación del litoral parece pagar todas las desavenencias.

Las prisas por la aprobación de proyectos se deben, en su mayor parte, al deseo de las constructoras de iniciar las urbanizaciones antes de la aprobación de la LOT que el gobierno del PP lleva anunciando desde 1995. Incluso el propio Eduardo Zaplana presentó en 1999 un borrador. Además de la imposibilidad de urbanizar a 500 metros de la costa, la LOT dispone otro requisito que gusta tan poco como el anterior: En el caso de que se recalifique un terreno en residencial, además de los porcentajes de aprovechamiento que las urbanizadoras están obligadas a ceder a los ayuntamientos, han de dar un metro cuadrado de suelo de especial protección por cada metro cuadrado recalificado. Obviamente, el suelo de especial protección, en la mayoría de los casos, habrá de ser adquirido para ello. Aún así, la LOT, según una disposición transitoria, respetará los programas cuyo procedimiento se haya iniciado antes de la aprobación de la ley.

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