Forma de la reforma

Gobierno y oposición se intercambiaron ayer los reproches de rigor en relación al decreto sobre reforma del desempleo, convalidado con los votos del PP. Los aliados fijos discontinuos del Gobierno, CiU y Coalición Canaria, le dejaron solo, no tanto por desacuerdo con los contenidos de la reforma como por la forma de plantearla. El desarrollo del debate más bien convalidó las razones de la oposición.

El principal reproche es haber roto sin motivo aparente una dinámica de diálogo social que se había revelado eficaz para garantizar la ausencia de conflictividad laboral y una moderación salarial que ha favorecido el crecimiento sin inflación de los últimos años. El Gobierno invocó ese crecimiento y el fuerte descenso del paro como argumento contra la huelga general. Sin embargo, esos datos más bien serían un aval en favor de no introducir grandes cambios y, en todo caso, hacerlo de manera consensuada y gradual.

Los aliados habituales acusaron al Gobierno de no haber dado oportunidad a ese consenso. No intentó pactar el contenido de las reformas con los sindicatos, pero tampoco con los grupos parlamentarios afines, como había hecho el PP en anteriores ocasiones, según el portavoz convergente. Aznar agravó la cosa con el recurso al decreto-ley, que requiere, según la Constitución, motivos de 'extraordinaria y urgente necesidad', cuando, al mismo tiempo, desautorizaba la respuesta sindical con el argumento de que no había recortes de derechos, sino meros ajustes técnicos.

Hay ambas cosas, según puso de relieve el debate de ayer. Podrá argumentarse que la supresión de los salarios de tramitación tiene ventajas en algún aspecto, pero no negar que supone un abaratamiento del despìdo. Y lo mismo respecto a la paulatina extinción del PER, la eliminación del paro de una parte de los trabajadores fijos discontinuos en los meses en que no trabajen o los derechos de los prejubilados mayores de 52 años. Algunas de las reformas frente a efectos disfuncionales del sistema pueden ser defendibles; pero suponen recortes, lo que implica negociar contrapartidas, sobre todo cuando hay superávit y se sostiene que el objetivo no es reducir el gasto total.

Frente a las críticas de la oposición, el Gobierno volvió a sacar los recortes en materia laboral aprobados por gobiernos socialistas. En vísperas de las últimas elecciones legislativas, Fernando Suárez, antiguo dirigente del PP, reprochó a la cúpula de su partido su 'hipocresía' por acusar al PSOE de recortar las pensiones cuando ellos 'querían ir mucho más lejos en los recortes'. El juicio sería aplicable tal cual a la sesión de ayer en el Congreso.