La intimidad, en peligro

Resulta sumamente preocupante la forma en que las libertades civiles están perdiendo terreno frente a las medidas que buscan reforzar la seguridad. El último exponente es el intento del Gobierno de Blair de autorizar no sólo a jueces, policías, servicios secretos o agentes fiscales el control sobre el tráfico de correos electrónicos y teléfonos móviles, sino ampliarlo, sin permiso judicial, a ministerios, autoridades locales, bomberos y diversas agencias públicas para perseguir no sólo el terrorismo, sino cualquier forma de delincuencia. El Parlamento británico, siempre sensible a los recortes en las libertades, debe impedir este atropello al derecho a la intimidad cuando vote el proyecto la semana próxima.

De aprobarse las pretensiones filtradas por el diario The Guardian, el abanico de autoridades y organismos que podrían actuar a partir de agosto de esta forma intrusiva se ampliaría a ministerios como los de Agricultura, Medio Ambiente, Trabajo y Seguridad Social, sanidad pública, gobiernos regionales y ayuntamientos, agencias como la alimentaria, la oficina de defensa de la competencia o cualquier servicio postal con carácter universal. Todos podrían pedir a los prestadores de servicios las páginas de Internet visitadas por individuos u organizaciones sospechosos, los correos enviados o el seguimiento de sus teléfonos móviles.

Las redes criminales utilizan estas nuevas tecnologías para comunicarse. Pero organizaciones como Al Qaeda también hacen uso de técnicas más tradicionales, como las palomas mensajeras o los mensajes ocultos de diversas formas. En todo caso, la lucha contra el crimen no puede hacerse socavando los derechos más básicos, entre ellos a la intimidad, consagrados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que sólo recientemente entró en vigor en el Reino Unido y que estas medidas pueden violar.

El primer ministro británico cree haber recibido el apoyo a sus planes de un Parlamento Europeo que a finales de mayo colegisló con el Consejo de Ministros un insólito paraguas para leyes nacionales que permite medidas de control de las comunicaciones. Pero incluso la Eurocámara considera que estas medidas 'deberían ser totalmente excepcionales, y autorizadas por las autoridades judiciales'. El Gran Hermano de Orwell se puede quedar corto ante la nueva deriva autoritaria de Blair.