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El Gobierno envía a las diputaciones su propuesta de Ley de Aportaciones

Álava mantiene amplias diferencias de criterio con Zenarruzabeitia

Las tres diputaciones forales tienen desde mediados de mayo en su poder una propuesta 'general y articulada' del Gobierno vasco para la obligada revisión de la Ley de Aportaciones, cuya renovación para el próximo quinquenio debe cerrarse antes de que transcurran seis meses desde que se aprobó el Concierto Económico. Así lo desveló ayer la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, que no ofreció detalles sobre el contenido del borrador. Tampoco las fuentes de su departamento consultadas y las diputaciones quisieron hacerlo.

El anuncio, efectuado durante su comparecencia ayer en calidad de portavoz del Gobierno, sí sirvió a Zenarruzabeitia para asegurar que las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa le han manifestado ya su conformidad con 'la estructura y las líneas generales' del planteamiento del Gobierno y para emplazar a la Diputación alavesa, comandada por el PP, a dar una respuesta. 'Debe decir si está por el acuerdo o no', reclamó.

Álava ya ha expresado sus propias ideas, muy alejadas de las del Gobierno, aunque no las ha plasmado en una propuesta tan elaborada. En las reuniones celebradas desde el mes de abril entre las instituciones afectadas, el gobierno foral de Ramón Rabanera ha presentado 'una filosofía' con la que trabajar, sin entrar en detalles. Esta Diputación fue la primera en pedir reformas importantes en la ley, que atiende al peso específico de cada provincia en la comunidad para, en función de ello, regular las cantidades que las haciendas forales deben entregar al Gobierno vasco para su financiación. Así, en el último ejercicio Vizcaya aportó el 50,67% del total, a Guipúzcoa le correspondió el 32,93% y a Álava, un 16,40%.

Álava ha discutido los complicados baremos que se emplean para calcular esos coeficientes, aunque admite la dificultad de cambiarlos. Por ello, el equipo de Ramón Rabanera ha puesto el énfasis en la revisión del coeficiente vertical, es decir, el que determina que, en función de las competencias asignadas, el Gobierno vasco reciba el 66,25% de todos los ingresos recaudados por las haciendas forales. Álava defiende desde hace año y medio que al Ejecutivo autónomo 'le sobra dinero', mientras que las diputaciones están cada vez más endeudadas. Vizcaya no ha sido tan explícita en sus demandas, pero también ha solicitado cambios en los últimos años.

La Diputación de Guipúzcoa, en cambio, ha sido la más cercana a los postulados del Gobierno, partidario de introducir las mínimas modificaciones, a pesar de que la provincia gobernada por Román Sudupe ha sido la peor parada en los últimos años por los mecanismos de la Ley de Aportaciones. El año pasado incluso tuvo que recibir dinero del Fondo de Solidaridad porque no llegó a sus previsiones de recaudación.

Antton Marquet, diputado de Hacienda guipuzcoano, no está de acuerdo con la línea propuesta por Álava, de reducir las aportaciones al Gobierno, 'porque no aporta argumentos que justifiquen la modificación'. Marquet defiende que 'todas las administraciones vascas tienen recursos suficientes para resolver sus competencias, incluso por encima de los que comparativamente tienen otras instituciones en el Estado'. Por ahora no hay fijado un calendario para discutir las propuestas del Gobierno y de Álava.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de junio de 2002