Consejo arrollado

Las reformas educativas suelen concitar un gran interés público al afectar a la mayoría de las familias, y presentan enormes dificultades de aplicación debido a la complejidad y dimensiones del sistema educativo. Ésas son las razones que aconsejan madurarlas largamente y estar abiertos a las ideas de expertos y miembros de la comunidad escolar. De la necesidad de pulsar el mayor número posible de opiniones y preparar la toma de decisiones surgió hace 16 años el Consejo Escolar del Estado, que jugó un papel esencial en la preparación de la LOGSE. Ahora, este organismo consultivo de amplia representación social ha sido arrollado por el Gobierno, como tantos otros, en el debate sobre la Ley de Calidad de la Educación.

Marta Mata se ha visto forzada a dimitir de su puesto y una treintena de representantes de organizaciones sociales abandonaron el pasado día 4 la reunión del pleno de dicho Consejo ante el nulo o escaso interés con que han sido acogidas sus propuestas durante el proceso de debate de la ley del Gobierno. Marta Mata, miembro de dicho Consejo desde su fundación y con una dilatada carrera pedagógica a sus espaldas, ha confirmado la imposición de la mayoría gubernamental y la precipitación con la que se ha abordado un proyecto de ley que habría requerido más reflexión y que, en palabras de la propia Mata, ha tenido un proceso de información y debate previos muy inferior al de la LOGSE e incluso al de la Ley General de Educación, promulgada en 1970.

Lo ocurrido en este caso es una nueva consecuencia de la tendencia a considerar que la mayoría absoluta en el Parlamento debe trasladarse a todas las instancias del Estado y autoriza a ignorar, instrumentalizar o amedrentar a los órganos de representación social, consultivos o de supervisión. Es lamentable que las voces que no se han plegado sin fisuras a la iniciativa gubernamental sobre la reforma educativa sean desdeñadas, aun cuando procedan de personas o colectivos de talante constructivo e indudable prestigio en temas educativos.