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REPORTAJE

"Que el Gobierno nos haga el favor"

Los encerrados piden que se les regularice y la policía detiene a una treintena de inmigrantes que iban a sumarse a la protesta

La petición de los inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide es bien sencilla. Quieren vivir dentro de la ley. "Es un derecho que tenemos que pedir hoy, ayer y mañana en cualquier sitio", subraya el mauritano Mohamed Sidi, uno de los portavoces que habló ayer en nombre de los inmigrantes. Arropados por varias organizaciones, los portavoces de los inmigrantes insisten en que no abandonarán la protesta hasta que logren su objetivo y piden al Gobierno que les "haga el favor" de regularizarlos a todos.

Apenas una veintena de ellos tienen papeles, pero a casi todos les sobra una larga lista de quejas sobre las dificultades que encuentran para trabajar, tener dinero y dignificar sus vidas después de permanecer varios meses malviviendo en chabolas de plástico esparcidas por las localidades freseras de Huelva. "Somos gente, vivimos aquí y ayudamos a levantar este país", recuerda Sidi.

Hasta el campus se han desplazado inmigrantes de varias nacionalidades para tratar de lograr su regularización con el encierro, pero el marroquí Abderramán Karachi hace hincapié en el rechazo que sufren los magrebíes que acuden a la recogida de la fresa: "Somos los que más estamos sufriendo, viviendo en chabolas y enfermando". Karachi asegura que este año les han discriminado por su origen: "Decían que no querían árabes, yo creo que todos los dedos son iguales y que hay gente buena y mala en todas partes".

A pesar de que el origen de su situación reside en el desplazamiento de la mano de obra, generado tras la contratación en origen de trabajadores en Polonia y Rumania que han ocupado puestos de trabajo que antes desempeñaban muchos temporeros magrebíes, Karachi prefiere no avivar el fuego entre inmigrantes: "Los pobres son iguales".

El dispositivo desplegado por el Cuerpo Nacional de Policía en los alrededores del campus universitario dificultará el acceso de nuevos inmigrantes. Treinta magrebíes, al menos, fueron parados ayer por los agentes de la unidad antidisturbios cuando trataban de entrar en la zona universitaria y conducidos hasta la comisaría para comprobar su documentación. Se les aplicará la Ley de Extranjería y todo hace pensar que habrá más detenidos. "También es casualidad que vengan a hacer controles 'rutinarios' de extranjería a las puertas de la universidad", ironizaba Sidi tras hablar con los agentes.

El discurso más duro hacia el Gobierno partió, sin embargo, de los representantes de las organizaciones que apoyan el encierro. El líder del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Diego Cañamero, acusó al Ejecutivo de pretender, por un lado, "expulsar a los jornaleros de los pueblos" a través de la reforma del subsidio agrario y, por otro, "tener inmigrantes irregulares para que trabajen por menos dinero". Según Cañamero, esta protesta se justifica por la situación "infrahumana" que padecen los inmigrantes en Huelva desde hace varios meses.

Todos los colectivos se desmarcaron de la organización de este encierro, pero adelantaron que lo apoyarán hasta el final. El sindicalista de CGT Federico Noriega aseguró que las leyes que ignoran la realidad están abocadas al fracaso. "Este fenómeno no se va a solucionar ni con Berlusconis ni con Bossis ni con cañoneros en el Estrecho", dijo en alusión al primer ministro italiano y al líder de Liga Norte, Umberto Bossi.

Los inmigrantes se han organizado para preparar las comidas y limpiar los dos pabellones deportivos que les ha cedido la universidad. Cruz Roja ha desplazado una ambulancia por si precisan alguna asistencia y ha distribuido paquetes con productos higiénicos y de aseo. Una empresa ha donado 200 kilos de arroz y el Banco de Alimentos de Sevilla se encarga de suministrar otras provisiones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de junio de 2002