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Editorial:

Servicios mínimos

El ministro de Trabajo dio ayer marcha atrás respecto a su insinuación de la víspera en el sentido de que el Gobierno prepararía, tras el 20-J, una ley de huelga que regule los servicios mínimos. Plantear eso a diez días de una huelga general es una insensatez. Echa gasolina al fuego. El sentido de una ley de huelga es precisamente abordar en frío asuntos que suelen resultar altamente combustibles cuando se discuten al calor de una huelga ya convocada.

La insinuación resulta, por tanto, inoportuna. Pero es bien real el problema de la falta de una ley que acabe con los abusos de tantas huelgas que convierten a los usuarios en rehenes, a través de unos servicios mínimos abusivos que los sindicatos se sienten legitimados para no cumplir. De la inteligencia con que actúen las centrales el 20-J depende que ese problema se plantee de manera equilibrada o desfavorable para los intereses sindicales. Hay ocasiones en las que el éxito de una convocatoria no se mide tanto por el número de personas movilizadas como por la autoridad acreditada por los convocantes. El ejemplo más obvio es el de la manifestación que siguió al asesinato de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, de Madrid, en los inicios de la transición.

La anterior huelga general, en enero de 1994, fue un fracaso de los convocantes, aunque sólo mucho después se reconoció como tal. La presencia de piquetes y la incertidumbre sobre el cumplimiento de los servicios mínimos, especialmente en los transportes urbanos, aumentaron artificialmente las cifras de huelguistas, pero ello no alivió, sino todo lo contrario, los efectos negativos para CC OO y UGT.

También ahora, el resultado del pulso -lo que ocurra a partir del 21-J- puede depender más que del número de huelguistas de la actitud de los sindicatos en relación a los servicios mínimos y a los piquetes. En la actual relación de fuerzas, los sindicatos necesitan la complicidad de la opinión pública -incluyendo sectores de las clases medias- para recuperar protagonismo en la negociación de la reforma del desempleo (y otras que vendrán después); y para que la Ley de Huelga, que de todas formas se planteará antes o después, se base en la regulación pactada de los servicios mínimos o en su imposición por la Administración.

Ésa es la cuestión real, y no falsos debates como el de si los transportes urbanos son o no un servicio esencial o sobre si el derecho de huelga es prevalente. Intentar vencer sin convencer sería un reconocimiento de impotencia que el Gobierno no dejaría de aprovechar para ganar el pulso que se inicia después de la huelga.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de junio de 2002