El Supremo inhabilita al alcalde socialista de Bornos

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado al alcalde socialista de Bornos (Cádiz), Juan Sevillano Jiménez, a seis años y un día de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa, por haber concedido licencias de obras en suelo no urbanizable a personas a las que él había vendido los terrenos. La setencia es firme y determina la privación del cargo de alcalde o concejal durante el tiempo de la condena.

El Supremo ha revocado la sentencia de la Audiencia de Cádiz que absolvió a Sevillano, al apreciar en los hechos 'un caso paradigmático de prevaricación'. Según la nueva sentencia, el alcalde acusado adquirió, junto a otras personas, unas parcelas de terreno rústico de tierra de regadío, legalmente no edificables, pero situadas en una zona que una comisión técnica de asesoramiento municipal proponía como ampliación de suelo urbano. Meses después, los adquirentes vendieron dicha finca rústica en parcelas, indicando a los compradores que se trataba de fincas urbanas, en la expectativa de que realmente llegaran a serlo cuando se aprobase la propuesta.

Sin embargo, las autoridades competentes no aprobaron la propuesta con lo que el suelo vendido continuó siendo rústico, y por tanto no edificable. Es entonces cuando el alcalde, 'prescindiendo absolutamente de la legalidad urbanística, y con el evidente propósito de beneficiar a sus clientes y evitar que éstos pudieran denunciarle por haberles vendido como suelo urbano lo que no lo era, decidió conceder igualmente licencias de construcción para los terrenos vendidos. Son esas concesiones ilegales de licencias, según el Supremo, 'fundadas en la exclusiva voluntad caprichosa del alcalde y en sus propios intereses particulares', las que integran el delito de prevaricación.

El alcalde condenado, Juan Sevillano, anunció ayer su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional y dijo estar 'indignado' por el fallo que 'puede responder a motivaciones políticas'. Sevillano puso ayer por la tarde su cargo público 'a disposición del partido', aunque no planteó la posibilidad de dimitir, ante lo que considera que es 'una acusación injusta'.

El regidor reafirmó la validez de su gestión, ya que la finca, antes de ser recalificada, contaba con suministro de agua y luz, circunstancias que 'le confieren consideración de suelo urbano según el ordenamiento provincial'.