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El Gobierno zanja la polémica con los obispos pero insiste en que la sociedad apoya su actitud

Rato asegura que no tomará represalias económicas contra la Conferencia Episcopal

El Gobierno ha decidido enfriar su agría polémica con la Iglesia católica a causa de la pastoral de los obispos vascos sobre la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, pero insiste en que tiene razón y que la sociedad está mayoritariamente de su parte. El portavoz del Ejecutivo, Pío Cabanillas, tras el Consejo de Ministros de ayer, lejos de exigir a la Conferencia Episcopal que enmiende la plana a los prelados vascos, como piden algunos dirigentes del PP, se limitó a suavizar la polémica al señalar que el Gobierno 'ni tiene un conflicto con la Conferencia Episcopal, ni considera que exista, ni lo busca'. Y añadió para cubrirse: 'Espero que la Iglesia tampoco busque el enfrentamiento'.

Las relaciones con la Iglesia católica, tras el conflicto suscitado hace una semana a causa de la pastoral de los prelados vascos, volvieron ayer a la mesa del Consejo de Ministros. La diferencia, en relación con la reunión del Ejecutivo de la anterior semana, radica en que el Gobierno quiere zanjar una polémica que ya no da más de sí porque interpreta que la Conferencia Episcopal ha dicho su última palabra en el comunicado del pasado jueves, en el que la jerarquía eclesiástica criticó con severidad las censuras 'a todas luces injustas y desproporcionadas' que habían recibido de algunos miembros del Gabinete, sobre todo de su presidente, José María Aznar.

No obstante esa voluntad de rebajar la tensión, el Gobierno quiso dejar claras dos cosas. Por un lado, que en este conflicto el Ejecutivo está más cerca que la Conferencia Episcopal Española (CEE) de lo que piensa la calle sobre la Ley de Partidos, que propiciará la ilegalización de Batasuna. 'Nadie puede contestar la legitimidad de una ley apoyada por el 93% del Parlamento', dijo Cabanillas. 'Sería conveniente que la Iglesia reflexionara no sobre sus relaciones con el Gobierno, sino sobre sus planteamientos ante los españoles que, mayoritariamente, apoyan la ilegalización de Batasuna', añadió.

'Sin modificación'

En la misma conferencia de prensa, por otro lado, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, garantizó que no tomará represalias contra la Iglesia por este conflicto y que mantendrá los compromisos económicos, según los cuales el Estado cubrirá la diferencia entre lo que los católicos aportan a la Iglesia a través de su declaración de la renta y lo que realmente percibe la Conferencia Episcopal. 'No se ha planteado ninguna modificación', aseguró.

Frente a las intenciones expresadas en La Moncloa, lo cierto es que Aznar, que viajó poco después a Lisboa, se reafirmó allí en sus juicios sobre la pastoral porque 'nada justifica un cambio de posición'. Aznar dijo el martes pasado que la pastoral era 'una perversión intelectual y moral grave', un juicio que dolió sobremanera a los prelados, convencidos de que en aquel momento el presidente del Gobierno, que se encontraba en Helsinki (Finlandia), no había leído la pastoral completa.

En esa situación, los obispos asumen en privado como inevitable que este nuevo y profundo desencuentro con el Gobierno del PP traerá consecuencias negativas en las negociaciones que la Conferencia Episcopal tiene pendientes desde hace años y que no acaban de fructificar: la reforma de la enseñanza del catolicismo en la escuela pública y, sobre todo, una reorganización completa y más favorable de la financiación que los prelados reciben cada año del Estado español.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de junio de 2002