Interior aclara que pedirá la ilegalización de Batasuna cuando incumpla la ley
Horas antes, Rajoy había anunciado que el Gobierno promovería la medida en cuanto se apruebe la norma
El Ministerio del Interior ha aclarado a EL PAÍS, a través de un portavoz, que el Gobierno impulsará la ilegalización de Batasuna "cuando la coalición abertzale incurra en alguna de las cautelas previstas en el artículo 9 del proyecto de Ley de Partidos", que se está tramitando actualmente en las Cámaras Legislativas. Horas antes, unas declaraciones del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, habían inducido a error, ya que parecía que el Gobierno no pensaba respetar la no retroactividad de la norma.
Momentos antes de la aclaración de Interior, el PSOE ha llamado a capítulo al Gobierno. Así, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, ha pedido a Rajoy que se centre en garantizar los derechos españoles el 20-J y no trate de "tapar" el principal problema del país rescatando el debate sobre la Ley de Partidos.
La nueva polémica en torno a la reforma de la ley se ha originado esta mañana, cuando el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Ejecutivo promoverá, en cuanto se apruebe la Ley de Partidos, la petición de ilegalizar a Batasuna para que la instancia competente, el Tribunal Supremo, actúe.
Estas palabras han hecho pensar que el Gobierno no pensaba esperar a que la formación abertzale cometiera alguno de los delitos contemplados en la nueva normativa, aprobada ya por el Congreso el pasado martes, a pesar de que ésta no tiene carácter retroactivo.
"Nosotros promoveremos, cuando se apruebe la Ley, la petición para que el Tribunal Supremo actúe", ha respondido el titular de la cartera de Interior al ser preguntado si el Gobierno promovería la ilegalización de Batasuna al aprobarse la Ley o esperaría a que la coalición abertzale cometa alguno de los delitos contemplados en la nueva normativa.
"Luego, lógicamente, esto es algo que compete al Tribunal Supremo, que dirá lo que estime oportuno y conveniente. Ya no está en manos del Gobierno fijar tiempos", ha apostillado el ministro, tras participar en el desayuno informativo Fórum Nueva Economía.
El entramado etarra
Como la ley contempla que no se pueden perseguir hechos anteriores a su aprobación, Rajoy ha explicado que esta iniciativa se basará en "lo que saben todos los españoles: que Batasuna es un partido político que tiene los mismos objetivos que toda la organización ETA, de la que forma parte".
En este sentido, Rajoy ha indicado que el Ejecutivo considera que la banda terrorista no son sólo los comandos, sino también los "chivatos", organizaciones como Gestoras Pro Amnistía, así como "el partido político que le da soporte", en referencia a Batasuna. Según el titular de Interior, "hay más de 400 miembros de Batasuna que han sido detenidos o condenados por matar o por colaborar con "los criminales de los comandos".
En todo caso, Rajoy ha afirmado que la cuestión de la retroactividad es algo que tendrán que valorar los jueces, quienes también "decidirán si Batasuna es un partido político que apoya a ETA o no".
Las palabras de Rajoy han suscitado inmediatas críticas en el País Vasco. Así, el portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, ha calificado la intención de Rajoy de "aberración democrática". "Es una auténtica barbaridad política y una vulneración del propio texto de la ley" ha subrayado, para recordar que PSOE e IU apoyaron la ley con la promesa de que no sería retroactiva.
El artículo 9 de la Ley de Partidos
Entre otros supuestos, en el artículo 9 se considera que un partido puede incurrir en causa de ilegalización cuando dé apoyo expreso o tácito al terrorismo; con programas y actuaciones que fomenten la violencia o cuando incluyan en sus órganos directivos o en sus listas a personas condenadas por delitos de terrorismo o un amplio número de sus afiliados tenga doble militancia en ETA.
Además, contempla otros supuestos como usar como instrumentos de la actividad del partido símbolos, mensajes o elementos que se identifiquen con el terrorismo; ceder en favor de los terroristas las prerrogativas que la legislación electoral concede a los partidos; colaborar con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o apoyar desde las instituciones, con medidas administrativas o económicas, a grupos terroristas o que apoyen el terrorismo.
