40 municipios de la UE critican el endurecimiento de las leyes de inmigración

Técnicos y políticos de unos 40 ayuntamientos de la Unión Europea, entre ellos los de Barcelona y Bruselas, criticaron ayer las legislaciones europeas sobre inmigración y su endurecimiento a través de las modificaciones que se pretende introducir. Según los expertos, las leyes son excluyentes y en muchos casos inaplicables, lo cual dificulta el trabajo de los servicios sociales y deja indefensos a muchos inmigrantes.

Expertos de las administraciones locales de los 15 países de la Unión Europea (UE), entre ellos los de Barcelona, Bruselas y Dublín, mostraron ayer su desacuerdo con las leyes sobre inmigración existentes en Europa y las propuestas que varios países, entre ellos España, propugnan para endurecerlas.

'Las propuestas para afrontar el fenómeno de la inmigración no pueden basarse sólo en modificaciones legislativas excluyentes de leyes que no han sido capaces de ejecutarse en los diversos países', reza el texto de las conclusiones extraídas en la X Conferencia Anual Europea de Servicios Sociales, celebrada ayer en Barcelona. Núria Carrera, teniente de alcalde de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona, explicó ayer: 'Muchas de estas leyes, como en el caso de España, no son aplicables, y gran parte de los inmigrantes que deberían ser expulsados se quedan en territorio español, de manera que al estar en situación irregular es mucho más dificil ayudarles'.

Los responsables de los servicios sociales indicaron que las ciudades disponen de instrumentos suficientes para acoger las necesidades de gran parte de los inmigrantes, pero que a quienes no tienen su documentación en regla sólo puede ofrecérseles asistencia primaria. Así, agregó Carrera, la ley no les permite tener acceso al mundo laboral, a una vivienda digna y a muchos otros servicios que podrían tener. Por ese motivo, y a pesar de no estar de acuerdo con este tipo de leyes excluyentes, algunos expertos apuntan incluso que sería preferible que los inmigrantes considerados irregulares fuesen expulsados, dado que si se quedan aquí no podrán recibir un trato digno.

Modificaciones

Ante este tipo de leyes que, añaden, no pueden ejecutarse, los expertos locales creen que no son viables las modificaciones legislativas de las mismas, entre otras cosas porque son modificaciones muy endurecedoras que no ayudan a paliar el problema. En este sentido, el Ministerio del Interior español anunció hace unos días algunas reformas de la ley, entre las que se incluye castigar penalmente la contratación de los inmigrantes sin papeles.

En la reforma de la Ley de Extranjería, Interior anunció el pasado martes que se suprimirían las vías de regularización automática que establece la ley para quienes 'acrediten una permanencia continuada en territorio español durante un mínimo de cinco años'. El Ejecutivo también anunció que descartaría por ley nuevos procesos extraordinarios de regularización y añadió que incluiría como delito en el Código Penal la contratación de personas sin papeles, hasta ahora considerada una falta. 'Así, sucede que los inmigrantes cuya situación no sea legal no son expulsados y además no se les permite legalizarse a través del mundo laboral, lo cual les perjudica', detalló Carreras.