Una cita ineludible en defensa de nuestros derechos

Los andaluces tenemos mañana domingo una cita ineludible en Sevilla. La manifestación convocada por UGT y CCOO y respaldada por todos los partidos políticos, colectivos sociales y ciudadanos, a excepción del PP, será, sin duda, exponente incuestionable del rotundo rechazo de los trabajadores andaluces a la reforma del desempleo y de su apoyo a la huelga general del 20-J. Una prueba de la que el Gobierno debería tomar buena nota desde su pedestal de poder.

Una vez más, el Gobierno del señor Aznar, utilizando como argucia una vía de urgente necesidad y, por tanto, provocando un fraude constitucional, agrede al conjunto de las trabajadores de nuestro país y se ensaña en particular con los andaluces y extremeños.

La mal llamada Reforma para la Mejora del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad significa el más sangrante recorte de derechos contra los trabajadores puesto en marcha desde el inicio de la etapa democrática en nuestro país, incidiendo con mayor saña en los trabajadores que están en peor situación en nuestro mercado de trabajo. A ello hay que añadir, el ataque indiscriminado y la criminalización que el Gobierno del señor Aznar ha hecho de los trabajadores en paro, como única argumentación justificatoria.

Con esta reforma, ya en vigor, y la eliminación de los salarios de tramitación, los trabajadores se encuentran indefensos ante el recorte de sus derechos, y están padeciendo el abaratamiento y facilitación de su despido, y viendo mermada la protección que hasta hace unos días les proporcionaba el seguro de desempleo por el que han cotizado previamente. Todo ello, con unos únicos beneficiarios: los empresarios, que verán incrementadas sus ganancias a costa de las rentas de los trabajadores.

El conjunto de colectivos que conforman nuestro mercado de trabajo, entre los que destacan los fijos-discontinuos, los mayores de 52 años prejubilados, los jóvenes y mujeres, entre otros, están empezando a padecer con el Decretazo un recorte y una expropiación de derechos consolidados que van a incidir notablemente en su condición de trabajador, así como en su propia dignidad como persona.

Pero si todos estos hechos son graves para el conjunto de trabajadores del país, en Andalucía la situación es aún peor, ya que a todo ello hay que unir la reforma del subsidio agrario, reforma con la que se atenta contra un pilar del sistema de protección que ha permitido dignificar al trabajador del campo, fijarlo en su población y generar rentas complementarias que han posibilitado la dinamización económica de nuestros pueblos, al mismo tiempo que ha mejorado notablemente las infraestucturas viarias, económicas, de servicio y de ocio.

Los hechos demuestran que el Sistema de Protección Agrario, que se inició en 1984, ha tenido un indudable componente positivo en la reducción de los desequilibrios regionales de Andalucía y Extremadura. Con la reforma acordada con los sindicatos en 1997 se mejoraron aquellos elementos que impedían hacer frente a los problemas económicos y sociales que padecían las personas que dependen de la actividad agrícola eventual en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Pues bien, las circunstancias que generaron la puesta en marcha de este sistema de protección no han cambiado sustancialmente y por lo tanto, no existe justificación alguna para la extinción o muerte lenta del subsidio.

Frente a las manipuladoras e interesadas mentiras del Gobierno del señor Aznar, asegurando que el subsidio agrario se mantiene, la realidad es que una vez que se apliquen las condiciones y requisitos que con carácter general establece el Decreto para la Protección por Desempleo, la expulsión de los trabajadores del subsidio agrario será masiva e inmediata, impidiendo su acceso a los que lo soliciten por primera vez, a los que no hayan sido beneficiarios en los tres años anteriores y a los que hayan extinguido su derecho por sanción administrativa. Todo ello supondrá para los trabajadores agrarios la eliminación de su derecho a la protección, en un colectivo que se encuentra en una situación de desempleo muy grave, con el consiguiente perjuicio sobre el tejido económico y social de nuestros pueblos.

Por todo lo expuesto, los trabajadores de Andalucía debemos dar un grito desde lo más profundo de nuestras gargantas, demandando y exigiendo empleo y protección social. Son nuestros derechos. En definitiva, más justicia social, y esto lo podemos hacer en todos los puntos de Andalucía, pero mañana domingo, lo tenemos que hacer presente en Sevilla. Debemos abarrotar las calles de la capital de Andalucía para que nuestros gritos se dejen oír y se escuchen en Madrid.

Dionisio Valverde Pozo es secretario de Política Institucional y Diálogo Social de UGT-A.