200 inquilinos del barrio de la Concepción se movilizan para que no les eche la Seguridad Social

Doscientas familias del barrio de la Concepción (Ciudad Lineal) empezaron ayer a movilizarse para evitar que su casero, la Tesorería de la Seguridad Social, les eche de los pisos donde viven desde hace décadas. La mayoría son descendientes de los primeros inquilinos de estas casas, construidas en los años cincuenta por un montepío de comerciantes. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 establece que, si fallece el titular del contrato, sus hijos adultos sólo pueden estar en la vivienda dos años más. Pero ellos reclaman que la Seguridad Social les venda los pisos.

'¿Para qué nos quieren echar si luego no van a hacer nada con los pisos?', se preguntan estos vecinos, que pagan rentas de 10 a 400 euros al mes por viviendas de 75 a 100 metros, con ascensor y calefacción. Y es que, según reconoce la propia Tesorería de la Seguridad Social, en los veinte portales afectados -situados en las calles de Virgen de la Fuencisla, Monjía, Portillo, Sagrario y Providencia- hay al menos 42 pisos y siete locales comerciales vacíos desde que hace años se marchasen sus moradores.

Julio Mejía, subdirector de patrimonio de la Tesorería de la Seguridad Social, puntualiza que este organismo 'no echa a nadie de su casa; simplemente da cumplimiento legal a la finalización del contrato de arrendamiento'. 'Todos los inquilinos sabían que, tras fallecer el titular, sólo podían seguir dos años en la vivienda. Con las rentas que pagan, muy por debajo de las de mercado, han podido ir ahorrando para adquirir otra vivienda y prevenir así esta situación', añade.

Pero ¿no es injusto que unas familias tengan que dejar la vivienda para que luego se quede vacía? Según Mejía, estos alquileres no pueden renovarse porque la Ley de Arrendamientos sólo permite una prórroga de dos años. 'Tampoco es posible firmar nuevos contratos con los inquilinos porque estamos obligados a sacar los alquileres a concurso público', matiza.

Mejía descarta también la venta. 'La Tesorería de la Seguridad Social, dado su actual superávit, no se plantea vender ahora ninguna parte de su patrimonio, que es de todos los españoles. Lo que sí estamos estudiando es qué hacer con los pisos que ya están vacíos. Si no hemos hecho nada con ellos antes era porque sobre todo vendíamos o alquilábamos de nuevo fincas enteras, no viviendas aisladas, porque la gestión se complica', apostilla.

Miguel Ángel Parra, uno de los vecinos afectados, replica que si ahora sus alquileres están por debajo del precio de mercado eso no fue así cuando sus padres arrendaron el piso, en 1953, cuando la zona era un extrarradio.

Hace dos meses falleció su madre y sabe que ahora, él, su mujer y sus tres hijos, sólo van a poder seguir dos años más en la vivienda, por la que pagan una renta de 226 euros mensuales. 'Es cierto que ni el antiguo montepío ni la Seguridad Social se comprometieron nunca por escrito a vendernos los pisos. Pero todos crecimos escuchando que al final así sería, como ha sucedido en el resto del barrio', asegura. Otros bloques del barrio fueron también construidos por mutualidades laborales bancarias y textiles que, al final, vendieron los pisos a sus inquilinos.

'No entiendo por qué después de llevar 49 años en una casa no nos brindan la oportunidad de seguir en ella cuando, además, la Seguridad Social no tiene ningún plan sobre estas viviendas y a medida que van desocupándose las deja vacías', añade. Sólo los descendientes discapacitados (si tienen más del 65% de minusvalía), mayores de 65 años y menores de 25 pueden mantener el inquilinato, tal y como establece la Ley de Arrendamientos.

'Nosotros creemos que a la Seguridad Social le compensa vendernos estas viviendas porque, aunque las rentas que pagamos han ido actualizándose, tiene que ocuparse de la inmensa mayoría de los gastos de mantenimiento', subraya Parra. Mejías asegura, sin embargo, que la Tesorería 'no pierde dinero en estas fincas'.

Según sus datos, el 25% de las familias pagan rentas inferiores a 10 euros; el 36%, menos de 100; el 41%, de 100 a 200 euros, y un 22%, de más de 200 euros. Estos vecinos se reunieron la semana pasada con representantes de la Tesorería, pero no les dieron ninguna solución a corto plazo.

Las mutualidades laborales se crearon, con las cotizaciones de empresarios y trabajadores de los distintos gremios, para complementar la protección social del Instituto Nacional de Previsión. En 1978 desaparecieron porque todas sus prestaciones se integraron en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INNS), que también se hizo cargo de su patrimonio.