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El Tribunal de Cuentas critica el sistema de contrataciones municipales de Pozuelo

Pozuelo adjudicó obras sin la 'debida objetividad de una Administración', según los auditores

El Tribunal de Cuentas ha hallado irregularidades en las contrataciones de obras realizadas en 1998 por el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP. En el anteproyecto de su informe, los auditores afirman que 'la mayoría de las redacciones de los proyectos de obra se encargaron directamente a técnicos ajenos al Ayuntamiento, previa designación [por] el ingeniero de Caminos municipal', y sin ajustarse a los procedimientos que marca la ley. Así, el tribunal cree que 'la elección de los adjudicatarios no se realizó con la debida objetividad que debe presidir toda actuación en la Administración pública'.

Los auditores del Tribunal de Cuentas explican que en las contrataciones municipales han 'observado una serie de anomalías de carácter general'. Y ponen ejemplos: 'En 7 de los 10 proyectos de obra analizados se acude a técnicos ajenos al Ayuntamiento' para su redacción, dejando a un lado a los municipales.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento utilizó reiteradamente un sistema muy sencillo para adjudicar los proyectos: cuando necesitó redactar un proyecto de 'acceso a la M-40, un sistema de saneamiento y un colector desde la avenida de Italia hasta la calle de Nuestra Señora de Montserrat', en vez de sacarlos a concurso, el gobierno municipal utilizó la 'adjudicación directa a favor de técnicos determinados mediante resoluciones de la alcaldía'.

Pero, además, en estas resoluciones del regidor, José Martín-Crespo, del PP, se señala explícitamente que 'no es deseable, ni aconsejable, ni en definitiva posible, solicitar tres ofertas', en contra de lo que mantenían los informes del secretario y del interventor municipal.

El informe denuncia también que, como la alcaldía designó directamente a los redactores de los proyectos sin concurso previo y, además, no estableció un 'pliego de claúsulas' -documento donde se concreta por escrito el precio final de los trabajos, las penalizaciones o las mejoras-, todo se resolvió mediante la presentación 'unilateral de facturas al cobro'; es decir, que las empresas que realizaron los trabajos presentaron unas simples facturas por un precio que ellas mismas determinaron y el Ayuntamiento pagó sin rechistar.

La redacción de los tres proyectos citados se encargó, además, 'a un ingeniero de Caminos [privado]; pero las facturas por el importe de estos trabajos fueron presentadas por una empresa que no mantiene relación contractual alguna con el Ayuntamiento y a la que éste, indebidamente, abona aquéllas por una cuantía total de 19,2 millones de pesetas'

Los auditores públicos son, además, muy críticos a la hora de calificar el sistema de elección en otros trabajos que sí salieron a concurso (diversas obras de pavimentación de calles del municipio). 'Los criterios establecidos para su selección resultan ambiguos, carentes de la debida objetividad exigida [por la Ley de Contratos]'.

En estas ocasiones, el sistema de baremación empleado por el Ayuntamiento es el siguiente: el municipio daba el 40% de los puntos posibles a la oferta más barata. Pero, para determinar cuál era, no comparaba directamente los precios, sino que el Consistorio establecía una 'media aritmética de todas las ofertas'. Esta media se incrementa luego entre '10 y 7 puntos', según el Tribunal de Cuentas. La empresa que más se acercase a este resultado, según los cálculos municipales, era 'la más barata'.

Pero, según los auditores, este sistema hace que 'resulten mejor puntuadas' las ofertas más caras. Un ejemplo: si la empresa A realiza un trabajo por 100 millones y la B por 50, la media es 75. Si a 75 se le suman 7 puntos, el resultado final (83) estará más cerca de la oferta A (la más cara), que logrará así el 40% de los puntos posibles del concurso.

En cuanto a otras obras tramitadas por procedimiento de urgencia, 'no se motiva causa alguna' para acelerar su adjudicación por interés público. De hecho, algunos trabajos comenzaron 'varios meses' después desde su aprobación. Los auditores insisten en la 'predeterminación del adjudicatario de las obras' estudiadas: de las 10 analizadas, seis fueron realizadas por la misma empresa.

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