El Monte solicita más tiempo para alegar contra la sanción por obstruir las elecciones
El Monte solicitó ayer una ampliación del plazo de alegaciones al juez instructor del expediente de sanción abierto por la Consejería de Economía y Hacienda a la entidad, para 'la mejor defensa de los intereses de la entidad'. En ese expediente, el instructor concluía que el Consejo de Administración había incurrido en una infracción muy grave al avalar la decisión del ex presidente de la entidad, Isidoro Beneroso, de no facilitar la lista de impositores al representante de la Junta en la Comisión de Control, órgano que vigilaba la legalidad de las actuaciones de la caja en las últimas elecciones (finales de 2001).
Como consecuenca de esta infracción, el instructor (un alto funcionario de la Consejería) propone una multa a El Monte de 1,89 millones de euros, además de plantea la inhabilitación de Beneroso para ejercer cargos de dirección en el sistema financiero andaluz en los próximos cinco años y una multa individual de 30.000 euros.
El plazo de alegaciones es de quince días hábiles, por lo que acaba el día 17 de este mes; sin embargo, la entidad ha demandado una ampliación, sin precisar hasta qué fecha la solicita. De esta manera, la entidad pretende dedicar más tiempo a justificar jurídicamente la actuación de la caja durante el proceso de renovación de sus órganos de gobierno, y más concretamente en aquel que correspondió a los impositores.
De hecho, la entidad siempre ha mantenido que sus actuaciones en aquel momento fueron correctas y que estaban amparadas por una intrepretación de la Agencia Estatal de Protección de Datos en cuanto a la confidencialidad de los datos que se manejaban. En este sentido, El Monte no considera que infringió la legalidad cuando su Consejo de Administración denegó la petición de la consejera del área, Magdalena Alvarez, por la que requería la lista íntegra de los impositores y de los 450 compromisarios elegidos en el sorteo para la elección de los consejeros generales de la entidad.
El instructor sin embargo rechaza que la entidad pudiese ampararse en la Ley de Protección de Datos para dejar de suministrar una información vital para el proceso electoral abierto que, entiende el instructor, no vulneraba la confidencialidad de datos personales.
El listado de los impositores fue un objeto del deseo de todos los grupos con representación en la caja, ya que el voto de los representantes de los cliente podía ser definitivo para decidir el nuevo presidente de la entidad. Finalmente, una alianza entre el PSOE, IU y CC OO puso en el cargo al actual máximo responsable de El Monte, José María Bueno Lidón.
