El Tribunal de Cuentas archiva la auditoría pendiente del Consorcio
Decide elaborar un informe nuevo sobre la entidad de aguas
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha decidido no proseguir con la auditoría pendiente del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, que se encuentra paralizada desde hace casi año y medio. El pleno del órgano fiscalizador, reunido el pasado lunes, acordó elaborar un informe nuevo que fiscalice la actividad financiera de los últimos años, como ha pedido el propio Consorcio.
Esta decisión supone que hasta dentro de un año, justo después de la celebración de las próximas elecciones municipales y forales, no se dispondrá de la auditoría, dado que el Tribunal de Cuentas suele requerir de un plazo cercano a los 12 meses para redactar sus informes.
La medida confirma así los temores de los partidos de la oposición vizcaína, que habían alertado de 'la maniobra' del Consorcio de Aguas -la entidad que gestiona el saneamiento y abastecimiento de 53 municipios del territorio- para demorar la difusión pública de presuntas irregularidades en su gestión. Este organismo ha sido acusado de desvío de fondos en las inversiones del Plan Integral de Saneamiento del área metropolitana por valor de más de 120 millones de euros, enchufismo en contrataciones de personal y adjudicaciones de obras y servicios y se enfrenta a dos denuncias judiciales por criticar al PP y al PSE-EE en anuncios de prensa.
El Consorcio de Aguas tenía pendiente la conclusión de una auditoría del Tribunal de Cuentas referida a los ejercicios de 1997 y 1998. El informe ya había pasado gran parte de sus trámites y se encontraba sólo pendiente de su elevación al pleno del órgano fiscalizador. En esa situación se encontraba bloqueado desde febrero de 2001, pese a que el anterior presidente del tribunal, el socialista Rafael Iturriaga, se había interesado en varios plenos por este informe.
La elaboración del estudio era coordinada entonces por Jesús Álvarez, nombrado recientemente vicepresidente del tribunal a propuesta del PNV.
Según las fuentes consultadas, el pleno del pasado lunes estableció el plan de trabajo del tribunal tras una propuesta de su presidenta, María Asunción Macho. Dicho plan incluye elaborar otra auditoría nueva sobre el Consorcio en relación a los últimos ejercicios y descartar la conclusión del informe pendiente referido a 1997 y 1998. La presidenta es la madre de Jon Loidi, uno de los directivos del Consorcio.
Este parentesco ya llevó hace mes y medio al PP y PSE a solicitar la inhibición de Macho en el informe entonces pendiente sobre el Consorcio de Aguas con el fin de impulsar una 'investigación precisa, independiente y veraz'. Macho no se ha pronunciado aún sobre este punto.
La actividad financiera del Consorcio de Aguas sólo ha sido auditada hasta ahora una vez por el Tribunal de Cuentas. El informe se refería al ejercicio de 1995 y supuso una descalificación total de su gestión. Entre las irregularidades constatadas, se detallaba que el recargo en la tasa del agua no se utilizaba en su totalidad para el Plan Integral de Saneamiento, la acusación por la que se habla en la actualidad también de desvío de fondos.
La auditoría que ahora se ha archivado había apreciado igualmente la falta de cantidades destinadas al saneamiento que, según los informes preliminares, se habían cifrado en 132 millones de euros, un monto similar al denunciado por el PSE.
Mientras, ayer se conoció que el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao ha admitido a trámite la querella presentado el pasado 3 de mayo por el PP contra el Consorcio debido a una presunta malversación de fondos.
Los populares formularon la denuncia por la inclusión en la prensa, con cargo a los fondos de la entidad, de cinco anuncios en los que sus responsables defendían la gestión de su presidente, Iñaki Etxebarria, y criticaban a esta formación y al PSE. Los socialistas formularon una denuncia con anterioridad, pero basándose en un presunto delito de prevaricación.
El PP adujo la malversación pattiendo de la sentencia que en 1994 supuso la defenestración política del entonces presidente de Cantabria, Juan Hormaechea. El Tribunal Superior cántabro le condenó a seis años de prisión y siete de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos por pagar anuncios en los que criticaba a sus adversarios. El portavoz popular en Bilbao, Antonio Basagoiti, insistió en que Hormaechea fue condenado 'exactamente por lo mismo: pagar con dinero público un anuncio para insultar y meterse con los demás partidos políticos'.
Basagoiti mostró ayer su satisfacción por la admisión a trámite, lo que 'confirma que la gestión de los responsables del Consorcio arroja demasiadas sombras y pone en entredicho el uso del dinero de los ciudadanos'.
