Corrupción y tráfico de armas

En pleno siglo XXI, la corrupción en el tráfico de armas representa la mitad de todo el dinero que se concreta en sobornos a lo ancho del mundo. Existen desde los años noventa varios organismos que tratan de controlar esta criminalidad, pero las cifras de transgresión son tan altas, las extorsiones tan fáciles de enmascarar y la codicia de fabricantes y políticos tan persistente, que el problema apenas disminuye. Sólo, con la oleada de maquillaje ético que sobrevino en los negocios hace unos años, algunas firmas como Lockheed Martin Corporation han proclamado que no vale la pena desacreditarse a través de la mala fama que se difunde al conocerse el cobro de comisiones ilegales. Pero ¿cómo conocerlas?

La práctica del soborno ha llegado a ser tan corriente que en ocasiones no hay ni que mencionarlo cuando se negocia una compraventa. La norma es recibir un 10% de la suma

Cuanto más dura la contienda, más larga es la fuente de ingresos para los autócratas. Así ocurrió en Angola, donde las comisiones se repartieron entre nativos ilustres y personalidades francesas

La cuestión es que pocas fechorías son tan fáciles de ocultar. Los Gobiernos importadores justifican sus abultados presupuestos de Defensa en razones de disuasión o en obligaciones de modernización apremiante, en vistas a alianzas militares de alta conveniencia y en supuestos programas de adiestramiento. Si hay un secreto todavía perfecto es éste. Con una ventaja añadida, que los grupos de cómplices involucrados en alguna de esas operaciones suelen formar una apretada conjura instrumentada para ulteriores acciones.

Algunos escándalos, sin embargo, llegan a la opinión pública, y la organización Transparency International del Reino Unido publicó el pasado 1 de abril un informe sobre el estado de la cuestión. Una de sus revelaciones es que la práctica del soborno ha llegado a ser tan corriente que en ocasiones no hay ni que mencionarlo cuando se negocia una compraventa. La norma es recibir un 10% de la suma, pero hay casos en los que se llega con facilidad al 12% e incluso más. Depende, como es lógico, de la magnitud de las cantidades en juego y de la competencia entre los fabricante en liza. Con todo, siendo el porcentaje notable, apenas ofrece problemas para disimularlo o silenciarlo, especialmente, claro está, si el Estado adquirente no se caracteriza por el control democrático. En Pakistán, el anterior jefe del desaparecido Accountability Bureau declaró, en una entrevista de septiembre de 2000, que los militares de su país se habían embolsado más de 1.000 millones de dólares en seis contratos de armamento. Más dinero de todo el que habían arramblado ilegalmente los funcionarios a través de concesiones civiles. Por su parte, la falta de cumplimiento de Rolls Royce en sus compromisos ilegales con las autoridades de Arabia Saudí dio lugar a una protesta oficial, sin pudor alguno, que desembocó en los tribunales.

La corrupción es, pues, casi una norma, y las consecuencias del delito se reparten políticamente entre exportadores e importadores. ¿Con qué consecuencias? La más grave es quizá para los importadores en el prolongamiento artificial de algunas guerras locales. Cuanto más dura la contienda, más larga es la fuente de ingresos para los autócratas. Así ocurrió, de acuerdo con observadores independientes, en el último conflicto de Sri Lanka, o también en Angola, donde las comisiones se repartieron entre nativos ilustres y personalidades francesas. El informe de Transparency International menciona además otros casos que costaron vidas humanas directa o indirectamente a través de las artimañas comerciales que se perpetraron.

Otros efectos negativos son los derivados de un gasto presupuestario abusivo, en detrimento de las muchas necesidades que recaen sobre la población, y, también, el descrédito de los Gobiernos, la corrosión de la confianza en los representantes y el desencadenamiento de luchas internas que desembocan en nuevos enfrentamientos civiles y el deterioro del país.

Desaprensivos y poderosos

¿Consecuencias para los países exportadores? La primera es el enriquecimiento de los más desaprensivos y poderosos. La segunda es, como han demostrado los casos de corrupción en naciones de la OCDE, la indignidad de la clase política o de los militares. Le Monde informaba en 1998 que la agencia del crédito a la exportación, Coface, había descubierto alrededor de 450.000 millones de pesetas en sobornos dentro de la industria de armamento a lo largo de los tres años anteriores. Al otro lado del Atlántico, la Financial Military Assistance de Estados Unidos denunció que el que jefe de Equipamiento y Adquisiciones israelí había reconocido la recepción de hasta 10 millones de dólares por sus decisiones sobre un material determinado. Éste es, además, el caso relativamente reciente del ex ministro francés de Asuntos Exteriores, Ronald Dumas, que recibió cantidades irregulares de Elf-Aquitaine a través de su amante Christine Deviers-Joncours para servir fragatas a Taiwan, y en detrimento de los proveedores surcoreanos.

La última acción para combatir estas prácticas, sobre las que ha crecido la conciencia pública y la intervención de las ONG, puede considerarse la adherencia a la Convención de 1997, patrocinada por la OCDE, del apéndice titulado Anti-terrorism, Crime and security act 2001. No es, desde luego, mucho. Y no es, en absoluto, suficiente. Las guerras siguen prolongándose artificialmente en diferentes partes del mundo, y, como demuestra la experiencia de un Acta de 1977 aprobada en Estados Unidos, la persecución de quienes se lucran con ellas requiere una compleja infraestructura. Desde aquel año 1977, dos terceras partes de los condenados fueron compañías estatales, con lo que se hace transparente la colusión entre el Gobierno y el delincuente, o, como decía Enzensberger, entre el poder y el delito.