El Gobierno andaluz apuesta por una ley de comarcas en su diseño de cooperación territorial

El anteproyecto de ley, que arrincona a las diputaciones, prevé nueve fórmulas de coordinación

El Gobierno andaluz ha decidido apostar por una ley de comarcas de Andalucía, una ordenación que los socialistas siempre han evitado en 20 años de gobierno por los quebraderos de cabeza internos que les ha ocasionado. El anteproyecto de ley de Cooperación Territorial elaborado por la Consejería de Gobernación prevé hasta nueve fórmulas de coordinación entre los municipios, entre ellas, las áreas metropolitanas y las comarcas. En el texto legislativo de 108 artículos y cuatro disposiciones sólo se cita una vez a las diputaciones, a las que implícitamente se les aparca del nuevo modelo territorial. El Ejecutivo, que ha tratado de manera somera con sus socios andalucistas el proyecto, sabe que éste será polémico.

Desde siempre, la administración regional ha eludido llamar a las comarcas por su nombre y ha preferido denominaciones más rimbombantes del tipo planes subregionales, supralocal, intermunicipales y así. El anteproyecto de ley de Entidades e Instrumentos para la Cooperación Territorial de Andalucía da luz verde a la creación de las comarcas, que se harán mediante ley del Parlamento, aunque los redactores del anteproyecto de Cooperación huyen del aspecto más polémico que implica esta organización territorial y no concretan un mapa comarcal. El principio de voluntariedad de los municipios a escoger su fórmula de coordinación impregna todo el texto, por lo que se deja a los ayuntamientos elegir, en una especie de menú libre, la fórmula que mejor consideren para prestar servicios comunes y planificar en distintas materias.

La figura administrativa de la comarca siempre ha estado ligada a los planteamientos políticos nacionalistas, frente a la imposición centralista de las provincias. El principal escollo para que el PSOE, que gobierna en coalición con los andalucistas, diera su aprobación ha sido, aparte de los rifirrafes internos, el coste de la creación de nuevas administraciones, con sus minigobiernos y miniparlamentos en una comunidad, además, en la que no hay tradición histórica comarcal como en Cataluña. En 1.500 millones de euros anuales evaluó el presidente de la Junta, Manuel Chaves, el mapa comarcal andaluz.

En el anteproyecto de ley se pretende que sean los propios ayuntamientos los que financien tanto las áreas metropolitanas, las comarcas, como las entidades metropolitanas sectoriales, tres de las nueve formas de cooperación previstas. Las tres dispondrán de órganos de gobierno con un pleno cuya elección se regirá por el mismo sistema que se emplea para el de las diputaciones. Es decir, que no habrá elecciones directas por lo que se considerarán con entes democráticos de segundo grado. El texto se inspira en la legislación alemana al contemplar la figura de un director general con funciones técnicas.

Cada comarca, área metropolitana y entidades metropolitanas sectoriales requerirán una ley específica del Parlamento -en la que entre otros aspectos deberá contemplar la sede de los órganos de gobierno-, aprobada por mayoría absoluta. Fuentes jurídicas tachan de 'discutible' este requisito, ya que esa reserva legal -la mayoría cualificada se utiliza para la aprobación de leyes orgánicas estatales- no viene ni en el Estatuto ni en la Constitución. Desde el punto de vista político está claro que los autores de la norma persiguen el consenso entre los dos principales partidos de la comunidad.

Respecto a las áreas metropolitanas, el texto dice que estará integrada por 'municipios de grandes aglomeraciones urbanas', gozará de personalidad jurídica propia y 'será entendida como el ámbito de referencia básico' para las políticas públicas regionales, pese a que el Estatuto reserva esa calificación para el municipio. Entre los requisitos exigidos para constituir un área metropolitana figura el que la población supere los 200.000 habitantes. El proyecto de Cooperación dice que a estos entes 'se le puede atribuir' competencias en materia de medio ambiente, transporte, fomento y desarrollo económico y urbanismo, entre ellas la 'aprobación inicial' de la planificación territorial.

En cuanto a la comarca, el texto la define como 'agrupación de municipios limítrofes' de una misma provincia y 'no incluidos en las aglomeraciones urbanas'. Se exige al menos 10.000 habitantes. El legislador piensa claramente en zonas rurales del interior de la comunidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 01 de junio de 2002.

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