España entrega a Italia al jefe de la Mafia siciliana Giovanni Greco

La aventura en España del mafioso Giovanni Greco ha terminado. El pasado jueves, dos policías italianos se hicieron cargo en el aeropuerto de Madrid-Barajas del jefe de Cosa Nostra, al que buscaban y reclamaban desde hacía más de veinte años, y lo condujeron a un avión que le llevó hasta Roma, donde pasó la noche en prisión.

Greco, de 46 años, casado y padre de tres hijos, se entregó en la Audiencia Nacional, en Madrid, el pasado día 13, ocho días después de que este periódico informara de que había regresado a su chalé al borde de un acantilado en Cala Llombarts, a 59 kilómetros de Palma de Mallorca. Pese a que llevaba fugado dos años y tenía una orden de busca y captura internacional su presencia en Mallorca había pasado inadvertida para Interpol y la policía española.

La entrega a Italia del jefe de la Mafia siciliana, reclamado para cumplir una condena en ausencia de 27 años por homicidio frustrado y asociacion mafiosa, se produjo sin previo aviso al interesado, que permanecía en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid), ni a su defensa, según denuncia su abogado, José Luis Sanz Arribas. 'Ha sido una entrega excepcional y anormal para llevárselo lo más rapido y silenciosamente posible. Motivada más por móviles políticos que por la observancia de garantías jurídicas. No se ha pedido previamente a Italia el compromiso de que va a cumplir las garantías exigidas, ni se ha resuelto el auto sobre las condiciones de la entrega', critica el letrado.

El Consejo de Ministros acordó la entrega de Greco el pasado día 24. Tres días después, la Audiencia Nacional dictó un auto en el que decidió la entrega a Italia, pero con la cláusula establecida en el fallo de 10 de julio de 2000 en el que condicionaba su extradición a un nuevo proceso que le ofreciera garantías de defensa. En la nueva resolución se añade ahora que si Italia no cumple esta exigencia Greco podrá reclamar ante las autoridades de ese país o ante el tribunal de Estrasburgo.

Sanz Arribas advierte de que Italia no tiene en su ordenamiento jurídico un procedimiento para cumplir las garantías exigidas por España y asegura que 'la batalla judicial' la continuará en Roma.