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Simancas difundirá en la prensa los nombres de los maltratadores si gobierna

El secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM) y candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad en 2003, Rafael Simancas, prometió ayer que, si llega a gobernar, hará públicos a través de los medios de comunicación los nombres de los condenados en sentencia firme por maltrato a mujeres. 'Si es preciso contrataremos espacios publicitarios', aseguró durante la presentación del programa de su grupo contra la violencia sexista. 'Queremos desenmascarar a los autores de estos actos violentos que a menudo, de puertas para afuera, pasan por personas de moralidad intachable, y que se avergüencen de lo que han hecho', explicó.

Su propuesta es una vuelta de tuerca más sobre la medida que ya ha aplicado el Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. La diferencia es que el Gobierno de José Bono sólo difunde los nombres y apellidos de los maltratadores en los debates parlamentarios y, por tanto, también en los diarios oficiales de sesiones que los recogen, y Simancas quiere hacer lo mismo pero en los medios de comunicación. En ambos casos, sólo se prevé difundir los nombres de los condenados por faltas o delitos de malos tratos cuando la sentencia sea firme y la víctima esté de acuerdo.

El secretario de la FSM está convencido de que no existen obstáculos legales a su iniciativa. Sin embargo, la Agencia de Protección de Datos (APD) ha abierto una investigación sobre la medida adoptada por Castilla-La Mancha, para averiguar si el método empleado para hacer públicos los datos de los maltratadores constituye un fraude de ley. Según el director de la APD, Juan Manuel Fernández López, 'en un Estado de derecho el único que impone la pena es el juez en la sentencia'. 'La Ley de Protección de las Mujeres Maltratadas castellano-manchega habilita para tratar el tema en el Parlamento, no para dar publicidad a los datos de los condenados', subraya Fernández.

Simancas reconoce que podrían plantearse dudas sobre si la medida propuesta vulnera el derecho a la intimidad y a la rehabilitación de los condenados. 'Las sentencias firmes son siempre públicas, con lo que no tiene sentido decir que se vulnera la intimidad; y, además, si entre los maltratadores cuyos nombres se difundan hay alguno que se rehabilita tampoco tendríamos inconvenientes en divulgarlo', argumenta.

El líder de la FSM destaca que los nombres de los autores de otros delitos causantes de alarma social salen ya en los medios de comunicación. 'Por ejemplo, los de los terroristas. Lo que queremos es elevar a esa misma categoría el terrorismo de género, porque dada la alarma que genera merece un grado especial de condena social', concluye. Otra de sus propuestas es crear en Madrid una oficina contra la violencia sexista que coordine todos los programas de prevención y de atención social y jurídica.

El año pasado se presentaron en Madrid 4.506 denuncias por maltrato, un 12% más que en 2000. Siete mujeres murieron asesinadas por sus compañeros.

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