Sanidad reclama al Ejecutivo central 120 millones para mejorar el sistema sanitario

Al consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, no le salen las cuentas sólo cinco meses después de haber recibido del Estado las competencias sanitarias y casi 600.000 millones de pesetas (3.606 millones de euros) para gestionarlas. El sistema sanitario que Echániz ha diseñado para la región (libre elección de médico y centro donde ser operado, tres nuevos hospitales, tarjeta sanitaria electrónica...) es inviable por falta de dinero. Según sus cuentas, a la sanidad madrileña le faltan 120 millones de euros. Pero el Ministerio de Hacienda se muestra remiso a darle más dinero.

Según los Presupuestos Generales del Estado para este año, el Gobierno central cuenta con una bolsa de 60 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas que atienden en sus hospitales a pacientes de otras regiones. Estos 60 millones son, en principio, 'ampliables', aunque hasta el momento el Ministerio de Hacienda no ha concretado cuánto dinero de más está dispuesto a poner sobre la mesa. Al contrario, representantes de ese ministerio han manifestado que Hacienda no está dispuesta a dar más dinero para los pacientes desplazados desde otras regiones a Madrid.

La Comunidad de Madrid se gasta anualmente unos 120 millones de euros en atender a pacientes desplazados de toda España. En concreto, los hospitales madrileños se ocupan del 60% de los enfermos que son atendidos fuera de su región de origen. Por eso, según las cuentas del Gobierno central, a Madrid sólo le corresponderían 36 millones de euros de la cantidad reservada por Hacienda (60 millones de euros) para repartir entre todas las comunidades.

Teniendo en cuenta que la sanidad madrileña gasta cada año 120 millones de euros en este apartado y que sólo va a recibir 36 millones de las arcas del Estado, el consejero Echániz necesitaría 84 millones más para atender a los desplazados sin restar este dinero de otros proyectos. Expertos en gestión relacionados con la Comunidad reconocen ahora que las transferencias se negociaron mal y que, efectivamente, falta dinero para cumplir las promesas de Echániz, según informó el lunes el diario Cinco Días.

La Consejería de Sanidad lo tendrá muy difícil para aplicar su proyecto de sanidad pública, que, según Echániz, supondrá importantes mejoras para los ciudadanos. El consejero apenas podría mantener las instalaciones y el servicio en el estado en el que los recibió del Gobierno central.

Gasto farmacéutico

Fuentes sanitarias, además, han alertado de que Echániz podría encontrarse con otros 30 millones de euros menos de los previstos para desarrollar sus planes, ya que en los últimos meses se ha disparado el gasto farmacéutico. Según estas fuentes, el año podría acabar con una subida del gasto farmacéutico cercana al 14%, cinco puntos más de lo presupuestado en las transferencias Gobierno central-Gobierno regional. Esto obligaría a Echániz a restar estos 30 millones de euros del capítulo de inversiones.

El 1 de enero pasado, el Ejecutivo central traspasó a la Comunidad de Madrid las competencias sanitarias y casi 600.000 millones de pesetas para gestionarlas. Con ese dinero, Echániz tendrá que mantener todo el sistema (24 hospitales, 65.000 empleados, unos 350 ambulatorios). A la vez, el Ejecutivo central creó el Fondo de Cohesión Sanitaria, destinado a pagar a las autonomías el gasto que les supone la atención médica a los desplazados procedentes de otras regiones.

La sorpresa y la decepción surgió cuando el Gobierno central aprobó la Ley de Presupuestos de 2002. Para financiar este fondo de desplazados reservaba los citados 60 millones de euros 'ampliables', que saldrían de un nuevo impuesto de cuatro pesetas por cada litro de gasolina, que ya se cobra desde enero.

Si las comunidades autónomas requieren más dinero para sus necesidades sanitarias, como es el caso de Madrid, sólo tendrían una posibilidad de recaudarlo: subir el litro de las gasolinas otras cuatro pesetas en tres años: 1,6 pesetas el primer año; 1,2 el segundo; y 1,2 el tercero.

La Comunidad reconoció desde el principio que no renunciaba a este nuevo impuesto regional, pero afirmó que habría que esperar a saber la cantidad final que para desplazados le transfería el Estado. Si llega el dinero del Gobierno central, el impuesto regional de las gasolinas se destinaría a mejorar el sistema sanitario. Pero si no, el Ejecutivo presidido por Alberto Ruiz-Gallardón tendría que emplear ese dinero en pagar los gastos de los enfermos desplazados desde otras autonomías. Las mejoras del sistema -entre ellas la creación de una red de minihospitales, como anunció el propio Ruiz-Gallardón en una entrevista a EL PAÍS el pasado 1 de mayo- tendrían que ser aplazadas.

Las negociaciones que mantienen los gabinetes de Alberto Ruiz-Gallardón y de José María Aznar sobre este fondo de desplazados se hallan en un 'impasse', según fuentes gubernamentales. Lo único que ha hecho hasta ahora la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ha sido enviar un borrador al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el que cuantifica las necesidades económicas extras de las autonomías. En este documento se detalla el coste de cada intervención, los costes fijos de personal, el dinero que vale mantener los quirófanos, etcétera. Pero, de momento, no se ha tomado ninguna decisión. Todo depende de que Montoro decida si esas cantidades deben ser o no transferidas a las comunidades autónomas. Madrid está a la espera.

Estas negociaciones se llevan a cabo cuando las relaciones entre Echániz y Villalobos no pasan por en su mejor momento. El pasado 16 de abril, en la primera reunión de coordinación sanitaria que mantuvieron Villalobos y los consejeros de Sanidad del PP, los dos altos cargos mantuvieron un agrio enfrentamiento.