Nueve vocales del Poder Judicial rechazan el ataque de Aznar al Tribunal Supremo

Fernando Salinas, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y otros ocho vocales pidieron ayer al pleno del órgano de gobierno de los jueces que ampare la independencia de la Sala Penal del Supremo, que el lunes resolvió archivar la querella que el fiscal presentó contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi por vitorear a ETA en Francia. Los nueve consejeros (siete elegidos a propuesta del PSOE, uno de IU y otro de CiU) piden que el Poder Judicial se pronuncie sobre la 'descalificación' de dicha resolución que hicieron el presidente, José María Aznar, y el ministro de Justicia, Ángel Acebes.

El escrito de los vocales progresistas recalca que 'el Estado de derecho y democrático asigna constitucionalmente a los jueces en exclusiva la tarea de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en el conocido marco de división de poderes'. De ahí que 'es radicalmente imposible que los jueces desempeñen su función constitucional, en condiciones democráticas, si no es respetada la independencia que ostentan, también como valor constitucional, por el resto de los poderes del Estado, singularmente por el más fuerte de ellos, el Gobierno de la nación'.

Los consejeros de la minoría señalan que la resolución de la Sala Penal del Supremo que archivó la querella del fiscal general del Estado contra Otegi por decir en territorio francés 'gora Euskadi ta askatasuna' ('viva Euskadi y libertad'), interpretable como un vitoreo a ETA, 'puede gustar o no y, desde luego, está sujeta a la pertinente crítica social y mediática, como cualquier otra resolución judicial'. El vocal de CiU, Alfons López Tena, respalda el apoyo al Supremo aunque no suscribe en su literalidad la nota de la minoría.

El juez no sirve al Gobierno

Los vocales explican que 'el derecho a criticar desde esas instancias se justifica en el hecho de que los jueces están, como el resto de los poderes del Estado, para servir a los ciudadanos a través de la aplicación estricta de las leyes, y no', subrayan, 'para servir al Gobierno'. Argumentan que 'por idéntica razón no está justificada la crítica -en el sentido que sea- del Gobierno a las resoluciones de los jueces'.

El documento hace referencia a las declaraciones realizadas el martes por Aznar, cuando se preguntó: '¿Cómo puedo explicar esto a una víctima del terrorismo? ¿Cómo puedo explicarle que la legislación española establece como delito de terrorismo la apología del terrorismo, la exaltación del terrorismo y, sin embargo, ahora hay una decisión judicial que, ante un caso de este tipo, señala que no es un delito de terrorismo, sino un delito de opinión?' Y se respondió: 'Me costará mucho explicarlo'.

El auto de la Sala de lo Penal del Supremo establece que 'la apología del terrorismo, cuando se persigue penalmente, es un delito (de opinión) que versa sobre otro delito distinto, o delito-objeto: el de terrorismo, con el que no puede confundirse'. Y continúa: 'Este modo conceptualmente riguroso de entender el asunto, a fuer de obvio, es universalmente compartido e inspira el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, de 27 de enero de 1977'.

Los vocales progresistas del Poder Judicial invocan que Acebes reprochó a la Sala Penal del Supremo no haber asumido su 'responsabilidad' e invitó a sus tres magistrados a 'coger y leer' el nuevo Código Penal para comprender 'con absoluta claridad y nitidez' que no existe ninguna otra posibilidad que la de que la apología del terrorismo es delito de terrorismo.

'Las descalificaciones [de Aznar y Acebes al Supremo] rompen el estándar de respeto que debe regir las relaciones entre ejecutivo y judicial. Respeto que, a su vez, se reclama para garantizar la independencia de los jueces y la división de poderes, sin la que no hay auténtica democracia', señalan los vocales progresistas.

En cuanto a la manifestación del vocal propuesto por el PP José Luis Requero, según el cual la resolución del Supremo es 'desacertada' e 'incoherente', los vocales de la minoría, frente a esa 'personal descalificación', recuerdan que, 'como indica la Constitución, el Poder Judicial y sus miembros deben defender la independencia de los jueces, no atacarla, que es justamente lo que ha hecho Requero'. Los firmantes del escrito dan su 'apoyo al Tribunal Supremo' y solicitan del pleno 'que exprese idéntico apoyo'.

Salinas manifestó su confianza en que 'todos los vocales del Poder Judicial apoyen al Tribunal Supremo'. Otro vocal progresista, Javier Martínez Lázaro, consideró 'especialmente preocupante que el ministro de Justicia lea la cartilla a los jueces y que un vocal del CGPJ regañe a una Sala del Tribunal Supremo'.

Por su parte, el portavoz del CGPJ, Enrique López, propuesto por el PP, declaró a EL PAÍS que el Consejo 'debe ser respetuoso con las resoluciones judiciales y también con las críticas, incluidas las del Gobierno central, vasco o catalán'. López aseguró que 'Acebes se ha limitado a hacer una interpretación del Código Penal'.

Sobre la posibilidad de aceptación de la propuesta de la minoría, a la que reprochó que no hubiera dado 'oportunidad de firmarla al resto de los vocales', López señaló que 'habrá que estudiarla' y expresó su confianza en que 'el ánimo de estos vocales sea el de defender al Supremo y no el de criticar al Gobierno'.

El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, considera 'inaceptable la campaña de deslegitimación e intimidación' puesta en marcha por el Gobierno con su 'reacción virulenta' tras la decisión del Supremo, informa Carlos E. Cué. López Aguilar reconoce que el PSOE tampoco comparte el criterio del Supremo, pero 'respeta y acata' las decisiones del Alto Tribunal porque 'a él compete' interpretar las leyes.