Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Supremo no actuará contra Otegi porque vitoreó a ETA fuera de España

El tribunal afirma que exaltar a la banda es un delito de opinión que no puede perseguir en Francia

El Tribunal Supremo ha declarado que el delito de apología del terrorismo no es un delito de terrorismo, sino de opinión, con independencia de que se haya introducido entre los delitos de terrorismo en la reciente reforma del Código Penal. La decisión supone un revés para el ministro de Justicia, Ángel Acebes. En la primera ocasión en que su reforma urgente del Código Penal pasa por el banco de pruebas de los tribunales con un querellado de excepción, Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, cuyo ¡Gora Euskadi ta Askatasuna! (¡viva ETA!) quedará impune por haber sido pronunciado en territorio francés.

El pasado 30 de marzo, coincidiendo con el Aberri Eguna, (Día de la Patria Vasca), Batasuna celebró un mitin en el frontón Jai Alai en San Juan de Luz (Francia). El parlamentario vasco Arnaldo Otegi cerró el acto gritando: "¡Gora Euskadi ta Askatasuna! [¡viva ETA!]". Una actitud que, según el Supremo, podría constituir, no un posible delito de "terrorismo", sino de "apología de terrorismo".

El Supremo explica que el artículo 23.4 b) de la ley orgánica del Poder Judicial atribuye a la jurisdicción española la competencia para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse, según la ley española, como "delito de terrorismo". El problema es que el tribunal considera que el delito de apología del terrorismo, regulado en el artículo 578 del Código Penal, no es delito de terrorismo, por más que el legislador lo haya incluido en la sección correspondiente a ese tipo de delitos. Según el alto tribunal, la apología es un "delito de opinión" que versa sobre otro delito distinto, el de terrorismo, "con el que no puede confundirse".

Por ese motivo, acciones como la de Otegi, "que al menos en principio podrían integrar un supuesto de los contemplados en el artículo 578 del Código Penal y ser perseguidas en España cuando se hubieran cometido dentro del territorio del Estado, no pueden serlo si son realizadas fuera de España, porque no constituyen delitos de terrorismo".

El auto, dictado por una sala integrada por Luis Román Puerta (presidente), Perfecto Andrés Ibáñez (ponente) y Joaquín Delgado, recuerda que el propio ministerio fiscal distinguía con claridad dos formas de delinquir: una, la constituida por los delitos de terrorismo descritos en los artículos 571 a 577 del Código Penal, y otra, la de enaltecimiento o justificación de las mismas por cualquier medio de expresión pública o difusión.

Con esa distinción, la ley penal "se hace eco de un criterio cultural y doctrinal consolidado, en virtud del cual se discierne entre lo que son actos y delitos de terrorismo y los que sin pertenecer a esa categoría clasificatoria, es decir, sin ser actos de terrorismo, expresan alguna forma de apoyo o solidaridad moral con los mismos o sus autores, manifestada públicamente".

La diferencia es tan clara, según el alto tribunal, que los primeros, los delitos de terrorismo, se han perseguido y se persiguen siempre en todas sus modalidades, en tanto que los de apología a veces son "impunes" y con frecuencia conocen sólo "de formas atenuadas de persecución".

La resolución recuerda que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1984 expresó de forma inequívoca que "la manifestación pública, en términos de elogio o de exaltación, de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas actividades delictivas, no puede ser confundida con tales actividades".

El Supremo desestima la querella del fiscal contra Otegi "por no corresponder a la jurisdicción española el conocimiento de los hechos".

El Gobierno y el PSOE han acogido este auto "con respeto", aunque sin ocultar cierta contrariedad. El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió que la decisión del Supremo no le había producido "entusiasmo". El secretario general del PP, Javier Arenas, entiene, en todo caso, que ésta es una decisión "puntual" que no va a suponer un obstáculo para la posible ilegalización de Batasuna.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de mayo de 2002